El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó el pasado jueves el acuerdo entre la Municipalidad, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Dioxitek S.A., que implica el traslado y reubicación de la planta que produce dióxido de uranio.
Además, se acordó que hasta su traslado efectivo, el Ejecutivo permitirá el funcionamiento de la planta “mientras se garanticen las condiciones de seguridad, protección ambiental y el resguardo de la salud de la población en su conjunto”.
Según trascendió, es esperable que la planta se traslade en menos de un año. Dioxitek está cerrada desde el mes de noviembre de 2014, a pocos días de la explosión de la Química Raponi en pleno corazón del barrio Alta Córdoba.
La decisión de cerrar la planta implicó no solo poner en peligro el abastecimiento de las centrales nucleares argentinas –que generan energía para más de 7 millones de ciudadanos-, sino también generar un escenario de incertidumbre para los trabajadores de la planta.
Previo al cierre, la empresa estatal –que es propiedad en un 99% a la CNEA y 1% a la provincia de Mendoza- ya venía cumpliendo con los pasos necesarios para trasladar sus actividades a Formosa. De hecho, ya había presentado el estudio de impacto ambiental que fue aprobado por el Ministerio de Producción formoseño.
El proceso de relocalización de una planta de esas características implica una serie de procedimientos técnicos que deben ajustarse a las normativas vigentes, tanto a nivel local, como nacional.
La inversión para concretar el traslado al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia de Formosa rondaría los 150 millones de dólares, e incluirá el diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de una planta industrial que contará con la tecnología más avanzada que existe actualmente para este tipo de instalaciones a nivel mundial.
La nueva planta de Dioxitek tendrá capacidad para producir 460 toneladas de dióxido de uranio por año, lo que significa triplicar el actual nivel de producción con el que cuenta actualmente nuestro país.
Las autoridades de Dioxitek y la CNEA siguen sin explicar que va a pasar con los trabajadores de Córdoba. Esta silencio deja implícita la decisión de deja en la calle a 100 trabajadores y en el mejor de los casos, obligar a algunos pocos a mudarse a Formosa. ¿Por qué ninguna cobertura periodística hace mención a las fuentes de trabajo que se pierden?…