Embalse para, pero no se detiene

01-fotos-edicion-impresaPor Gustavo Barbarán. U-238#15 Enero 2015

El proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Embalse se inició en 2005. Ahora, con la puesta en funcionamiento de Atucha II —que alcanzará el 100% de su potencia en febrero—, Embalse iniciará su salida de servicio con el objetivo de inspeccionar, reemplazar y mejorar diferentes componentes de la central. Se calcula que este proceso llevará 20 meses y empleará a 600 personas que serán capacitadas en ámbitos creados para tal fin.

En los años 60, la empresa distribuidora de electricidad de Córdoba (EPEC) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la instalación de una central nuclear en la provincia, que se materializó en la Central Nuclear Embalse. Inicialmente se había considerado una central cuatro veces más pequeña ubicada en el Embalse Los Molinos. Consideraciones posteriores sobre la interconexión eléctrica entre Córdoba y Buenos Aires crearon las condiciones para aumentar la potencia y eso derivó en un cambio del centro de carga y en la necesidad de una mayor fuente fría, razón por la cual su localización se cambió al Embalse de Río Tercero.

Con el propósito de acrecentar las capacidades tecnológicas del país, la CNEA aumentó la complejidad del proyecto y, en lugar de realizarlo llave en mano, decidió que se llevara a cabo a través de dos contratistas principales. Por un lado, los canadienses de AECL, que estarían a cargo de toda la parte nuclear y, por otro, los italianos de Ansaldo que tomarían la parte convencional. La central continuaba con la línea de uranio natural y agua pesada inaugurada por la CN Atucha I, pero era de un tipo diferente: en lugar de contar con un recipiente de presión, por lejos el componente más caro y grande en las centrales de este tipo, se lo reemplazaba con más de 400 tubos de presión donde se alojan los combustibles nucleares y circula el agua del circuito primario.

La central fue inaugurada en 1984, diez años después de la firma de los contratos con los canadienses, y a partir de ahí tuvo un historia intachable en cuanto a seguridad y factores de operación.

Para poner en contexto

Los 437 reactores construidos en el mundo tienen una edad promedio de 29 años. De ellos, 280 superan esa edad. Son máquinas que ya tienen mucho tiempo en operación. Los diseños originales de las centrales nucleares contemplaban una vida útil de aproximadamente 30 años, si bien pueden continuar operando con los debidos controles. Pero una serie de condicionamientos externos convirtieron a los proyectos de extensión de vida de las centrales nucleares en algo más que atractivo.

Por un lado, la mayoría de los países donde se ubican las centrales nucleares transformó sus mercados eléctricos, desregulando la generación y transformándola en competitiva, provocando una descentralización en las funciones de operación, planificación y coordinación del sistema. Bajo las nuevas regulaciones, la expansión del sistema eléctrico es el resultado de las decisiones individuales de las empresas, basándose en la maximización de beneficios, minimización de costos económicos y financieros y reducción de los retornos en las inversiones en lugar de la visión, más amplia, de minimización de costos del sistema en su conjunto.

En términos generales, donde no hubo un direccionamiento de las inversiones por parte del Estado, el resultado fue que los sistemas eléctricos ampliaron su capacidad con centrales térmicas fósiles (ciclos combinados de gas natural y centrales de carbón), en detrimento de proyectos hidroeléctricos o nucleares, cuyas características de inversión no son compatibles con el funcionamiento de los mercados eléctricos liberalizados (alta inversión, largos tiempos de repago, bajos costos operativos y de combustible).

En ese contexto, construir nuevas centrales nucleares se convirtió en todo un desafío. Una de las opciones para incentivar la construcción se basaba en sostener un precio de energía estable —al igual que las energías renovables— de manera tal que pudiera asegurarse un flujo de fondos positivo en el largo plazo que permitiera recuperar la inversión. Otra de las estrategias seguidas por las empresas fue la de extender la vida de las centrales a partir de los análisis de factibilidad de acuerdo al envejecimiento de la central. De las dos opciones, esta última pareció ser la más conveniente porque, a pesar de ser proyectos de gran envergadura, su costo y los plazos de realización son considerablemente menores que los que involucran a la construcción de una nueva central. Además, se evita toda la problemática referida a nuevas ubicaciones y la existencia previa de la máquina asegura un interés real para que el proyecto se concrete.

Pero, a diferencia de la construcción desde cero, la extensión de vida tiene una complejidad mayor porque la mayoría de las centrales de antaño no fueron diseñadas para hacer los recambios necesarios y continuar operando. Ello implica que los trabajos para el recambio de componentes se realicen en situaciones complejas e, incluso, incómodas. Además, los internos del reactor que se cambian están irradiados, razón por la cual muchos de los trabajos deben mecanizarse.

El Proyecto de Extensión de Vida (PEV)

El PEV de Embalse comenzó en el año 2005 mediante el entrenamiento de personal de la central en las metodologías de evaluación de estado de los componentes, a través de acuerdos de cooperación técnica con la empresa canadiense AECL. En 2006, Nucleoeléctrica Argentina creó la primera estructura de gestión del proyecto. Por esos días el relanzamiento del Plan Nuclear, con la finalización de Atucha II como eje integrador, todavía estaba en fase de estudio y se decidió que este proyecto tuviera su fase de parada de planta una vez finalizada dicha central. Este plan se formalizó con la Ley N° 26 566, donde expresamente se menciona el proyecto y se encomienda a Nucleoeléctrica Argentina la materialización de los objetivos.

La inversión total del proyecto fue estimada en más de 1300 millones de dólares, en su mayoría aportados por el Tesoro Nacional, de los cuales 240 millones de dólares fueron aportados por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Es la primera vez que este organismo multilateral, con sede en Caracas, avala un crédito para un proyecto netamente nuclear. De acuerdo con la estructura orgánica de la CAF, la potestad para elegir las inversiones en infraestructura está dentro de cada país; sin embargo, para poder aprobar el crédito, el banco debe asegurarse de que el proyecto cumpla con todos los requisitos de gestión de riesgos. Así, el proyecto también aporta a la creación de capacidades financieras, ya que la CAF, al haber creado las capacidades de evaluación, puede afrontar cualquier nuevo requerimiento de esta industria que aparezca entre los países accionistas.

El proyecto presenta tres objetivos bien definidos: el primero es el reemplazo de componentes que llegaron al fin de su vida útil, como los internos del reactor y los generadores de vapor; el segundo es la repotenciación de la central; y el tercero es la actualización de las instalaciones y sistemas de control de acuerdo a nuevos estándares y requerimientos regulatorios.

Formalmente, el proyecto consta de tres fases. La primera, de preparación, consiste en examinar el estado de los principales componentes, estructuras y sistemas de planta y sus evaluaciones de seguridad. Al mismo tiempo se evalúan su envejecimiento y los cambios de diseño que tuvieron durante el período de operación y se realizan pronósticos de vida de los componentes para un nuevo ciclo operativo, que además enfrenta nuevos requerimientos regulatorios. Estos estudios establecen el alcance de las tareas que se realizarán durante la parada y se determina si serán reemplazados o reparados. Dentro de las tareas de esta fase, también se consideró el repotenciado de la planta de 35 MW.

La segunda fase comprende la ejecución de la ingeniería básica y de detalle relacionada con los cambios y modificaciones a efectuar. Además, se realiza todo el proceso de compra y de adquisición de los equipos y los materiales necesarios. Para llevar adelante esta parte del proyecto, Nucleoeléctrica Argentina firmó siete contratos con AECL por 440 millones de dólares para cubrir la asistencia técnica durante el proyecto, la provisión de herramientas, de documentos, de procedimientos y de servicios relacionados con el re-entubado del reactor, los servicios de ingeniería durante el proceso de fabricación de los internos del reactor, la provisión de equipos, la asistencia técnica para el montaje y la puesta en marcha para las computadoras de control. También se incluyó la asistencia técnica para los cambios de diseño relacionados con los estudios de seguridad y el aumento de potencia, contemplando la provisión de suministros relacionados.

Dentro de esta fase se consideró el cambio de los principales componentes, en los que se encuentran los tubos de presión, entre otros componentes del núcleo, y los generadores de vapor. Se decidió que todos estos componentes se realizarán en el país, motivo por el cual diversas empresas tuvieron que iniciar largos procesos de calificación ante las normas norteamericanas (ASME III) y canadienses (CSA N285.0). Tanto CONUAR como IMPSA llevan adelante la mayoría de estos trabajos. La primera realizó enormes esfuerzos para poder ser uno de los principales proveedores del proyecto y abarcó, prácticamente, la realización de todos los componentes internos del reactor: los tubos de presión, los de calandria, los tapones de blindaje y de cierre, los alimentadores, los end-fittings y los tubos de los intercambiadores de presión. Para ello, la empresa trabajó en conjunto con la CNEA, cuyas autoridades determinaron que el Departamento de tecnología de Aleaciones de Circonio realizara la laminación de los tubos de presión, además de las tareas de inspección visual y control dimensional del componente. Por su parte, IMPSA comenzó la fabricación de los intercambiadores de calor en 2011 y espera tenerlos listos para fin de año.

La tercera etapa, que comenzará entre febrero y marzo de 2015, se iniciará con la salida de servicio de la central. Una vez parada la planta se realizará la descarga núcleo junto con el drenaje y secado del agua pesada del sistema primario y del moderador. Se realizará la remoción, el corte y el almacenaje de los internos del reactor y las inspecciones en la calandria. También en esta etapa se llevarán a cabo el cambio de los generadores de vapor, las mejoras en las computadoras de control, un nuevo sistema simulador full scope (réplica de la sala de control), la modernización y la optimización del turbogrupo y el ciclo térmico con el consecuente aumento de potencia estimado para la central. En un principio, todas estas tareas demandarán 20 meses. Para poder mantener dichos plazos, se proyecta la incorporación de más de 600 personas en Embalse, con nuevas instalaciones para el entrenamiento y la capacitación del personal.

Los aportes de y hacia la industria

Desde sus inicios, la tecnología nuclear fue vista en Argentina como una “industria industrializante”, es decir, una de esas industrias de base que luego, por diversificación y calidad, permiten a otras ramas industriales fortalecerse. Esa fue una de las premisas de los pensadores y tecnólogos de CNEA que le permitió a un país semiperiférico y con serias deficiencias en su industria alcanzar el desarrollo nuclear actual. En términos de desarrollo institucional, esto pudo realizarse debido a dos condiciones estrechamente vinculadas. Por un lado, la responsabilidad del desarrollo nuclear le fue conferida a una sola institución, lo que permitió asegurar una política relativamente “autónoma” dentro de un país. Los ejemplos de España y Brasil, donde se multiplicaron las agencias que trataban el tema nuclear, con marchas y contramarchas, son muy claros en comparación al caso argentino. Esto no implica una falta de debate, ya que en este país fueron muchos e intensos, pero una vez tomada una decisión, todo se organizaba en pos de conseguir ese objetivo.

Por otro lado, otro de los factores que influenció en el desarrollo local fue el hecho de que la industria argentina no estaba a la altura de las circunstancias para poder competir con proveedores extranjeros, razón por la cual se imponía una política activa de ayudarla a través de transferencia de tecnología y sobrecostos para poder industrializar el país. En este punto, si el país hubiese contado con una industria metalmecánica fuerte, no hubiesen sido necesarios todos los esfuerzos del sector nuclear para poder ponerlas a tono con lo que se requería y la épica del desarrollo nuclear argentino hubiese sido menos intensa. Países con mayor desarrollo industrial no tienen esa imperiosa necesidad de fortalecer a sus industrias, tarea que realizaron previamente y que ahora pueden darse el lujo de comprar “llave en mano”, a sabiendas de que será una moneda de cambio para su entramado industrial fuerte.

Aquí es donde surgen los interrogantes sobre cuáles son las capacidades actuales de la industria local y qué rol le toca jugar a estos grandes proyectos. Por un lado, existe la consideración acerca de que se deben hacer en el menor tiempo, con los costos ajustados y la calidad necesaria. Pero, por otro, también se manifiesta una premisa fundamental de la “industria industrializante”. En este caso, dos empresas salen fuertemente beneficiadas por el proyecto, IMPSA y CONUAR. La primera, de más está decir, compite a nivel internacional y es prácticamente única en el país por su capacidad de forja. La segunda obtiene beneficios adicionales, ya que al certificar bajo normas canadienses y americanas todos los componentes internos de la central se transforma en potencial proveedor de todas las centrales tipo CANDU que existen en el mundo y que, tarde o temprano, realizarán sus PEV, además de considerar que la cuarta central será del mismo tipo.

A estos beneficios de las centrales se les contraponen los siete contratos con CANDU Energy Inc., la empresa que se formó cuando AECL le transfirió toda su división de reactores a la empresa SNC Lavalin Inc. Estos siete contratos abarcan diversas áreas, que, cabe preguntarse si no hubiese sido mejor realizar alguna “apertura del paquete tecnológico” en algunos de esos contratos para agregar capacidades de desarrollo local. El sector nuclear se enfrenta al desafío de coordinar actores locales en pos del fortalecimiento de las capacidades industriales. Este tipo de proyectos, que cuentan con capacidad de tracción, deben ser utilizados para generar complementariedad, requerimientos de investigación y desarrollo en ciencia y técnica, como también posibilidades de sustitución de importaciones y de desarrollo federal con el objetivo de fortalecer el entramado institucional que soporta la actividad, y lograr un compromiso de largo plazo que sustente el desarrollo.

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