Mientras el Gobierno encabezó un acto oficial en la sede de Libertador, científicos, técnicos y administrativos protestaron afuera por salarios que no alcanzan la canasta básica, el freno de obras clave como el reactor Carem y un plan que abre los desarrollos nucleares al capital privado
La Comisión Nacional de Energía Atómica llegó a su aniversario número 76 en medio de una fractura inédita. Creada el 31 de mayo de 1950 por decreto de Juan Domingo Perón, la CNEA construyó en siete décadas el entramado nuclear argentino: puso en marcha el primer reactor de investigación de América Latina en 1958, desarrolló los combustibles que hoy alimentan Atucha I, Embalse y Atucha II —que aportan cerca de un décimo de la electricidad del país—, produce los radioisótopos que usan los servicios de medicina nuclear y, a través de Invap, vendió reactores a Argelia, Perú, Egipto y Australia. Este 31 de mayo, esa historia se recordó de dos maneras distintas.
Adentro de la sede central de avenida del Libertador 8250, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, encabezó el acto protocolar. Afuera, con un cordón de gendarmes en la puerta, los trabajadores hicieron un abrazo simbólico. El físico Andrés Kreiner, investigador superior del Conicet y docente de la UNSAM, describió la escena como absurda y denunció que la celebración se pagó con fondos obtenidos por la propia CNEA a través de contratos de innovación, mientras más del 90% del personal cobra por debajo de la línea de pobreza y necesitaría un aumento cercano al 70% solo para empatar la inflación. En las asambleas circuló que el gasto del festejo rondó los diez millones de pesos, en contraste con centros atómicos donde, aseguran, faltan insumos básicos.
El deterioro salarial es el motor de la protesta. Los gremios estiman una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 40% desde 2023 —un técnico con cinco años de antigüedad percibe unos 700.000 pesos— y advierten que la sangría ya provocó más de 300 bajas, con otras 350 en riesgo para fines de junio por el vencimiento masivo de contratos el 1 de julio. ATE y la Asociación de Profesionales de la CNEA hablan de jubilaciones compulsivas, falta de pases a planta y un éxodo de especialistas hacia el exterior o el sector privado que deja áreas críticas sin cobertura.
Ese ajuste se refleja en la parálisis de los proyectos insignia. El Carem, el pequeño reactor modular diseñado íntegramente en el país, está detenido desde diciembre de 2023 y su vasija de presión quedó en el centro de una polémica: Impsa, ahora en manos de la estadounidense ARC Energy, la ofrece como carta de presentación para exportar componentes a Estados Unidos. La Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito está frenada desde el año pasado, con el contrato cancelado y operarios cobrando con demoras, pese a la demanda internacional de empresas canadienses y de la industria electrónica y farmacéutica. También están suspendidas la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión de Ezeiza, clave para tratamientos oncológicos, el programa de enriquecimiento láser LASIE y las tareas de remediación ambiental en San Rafael.
Los trabajadores vinculan esos frenos con un cambio de doctrina. El 4 de mayo entró en vigencia un procedimiento interno que habilita el acceso preliminar de privados a activos estratégicos de la CNEA, desde infraestructura hasta información técnica sensible. Días después, la Secretaría difundió un documento de 54 páginas con los lineamientos de la política nuclear, donde establece que toda decisión debe tener validación comercial y un mercado identificado, y que la inversión justificada solo por razones técnicas queda desestimada. En paralelo, el Decreto 695/2025 autorizó la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales, y se multiplicaron las denuncias por la apertura de yacimientos de uranio en Mendoza y Santa Cruz y por la visita del Departamento de Energía de Estados Unidos a instalaciones del organismo.
Frente a ese escenario, la Junta Interna de ATE y APCNEAN convocaron al contra-acto del 31 de mayo bajo las consignas de aumento salarial ya, pase a planta y freno al desguace, con réplicas en Lima y Bariloche. No fue una celebración más del Día Nacional de la Energía Atómica, sino la primera en 76 años en la que quienes diseñaron reactores, producen radioisótopos y formaron a generaciones de físicos eligieron quedarse del lado de afuera para defender, dicen, la continuidad de una institución que nació para el desarrollo pacífico de la energía nuclear y que hoy temen ver convertida en una vidriera de negocios.
