El Gobierno nacional trabaja para firmar antes de que termine el año un nuevo acuerdo de cooperación en energía nuclear con Estados Unidos, un paso que actualizaría una relación tecnológica que se mantiene desde hace casi tres décadas y que abriría la puerta a la llegada de reactores modulares pequeños, inversión privada estadounidense y la integración de la industria argentina a la cadena de valor nuclear norteamericana.
La negociación avanza en paralelo a una intensificación del diálogo bilateral que incluyó la decimonovena reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear, celebrada en Washington entre el 25 y el 27 de febrero pasado, y una reciente agenda de trabajo del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, en la capital estadounidense.
El encuentro de febrero, que contó con la participación de representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica Argentina, Cancillería y la Embajada argentina en Washington, junto a funcionarios del Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear y la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, dejó como resultado más concreto el compromiso de ambas partes de concluir rápidamente las negociaciones para un nuevo convenio que sustituya al Acuerdo 123 vigente desde 1997 y cuya vigencia expira en octubre de 2027. Ese tratado, aprobado por el Congreso argentino mediante la ley 24.862, establece el marco legal indispensable para que se realicen transferencias de tecnología, equipamiento y materiales nucleares de relevancia entre ambos países, además de facilitar los intercambios técnicos y la investigación científica conjunta.
En los pasillos de la Casa Rosada señalan que la redacción del nuevo texto quedó cerrada durante la reunión de febrero y que la etapa actual consiste en la coordinación diplomática para la firma, que podría concretarse en los próximos meses. Del lado estadounidense, sin embargo, el acuerdo deberá atravesar un procedimiento de revisión en el Congreso que implica noventa días de sesión continua, período durante el cual podría ser rechazado mediante una resolución conjunta si no cumple con las exigencias de no proliferación previstas en la Acta de Energía Atómica.
La agenda bilateral no se reduce al papel de los abogados y los diplomáticos. En febrero, ambas delegaciones destacaron su interés compartido por el despliegue de reactores modulares pequeños y otras tecnologías nucleares avanzadas, un campo en el que Argentina ya tiene experiencia propia con el desarrollo del CAREM, el primer reactor de potencia de diseño enteramente nacional en el segmento de baja capacidad. Ese interés se tradujo también en el trabajo conjunto dentro del programa FIRST, una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos orientada a promover la infraestructura necesaria para el uso responsable de reactores modulares pequeños. Argentina se convirtió en septiembre de 2025 en el primer país latinoamericano en sumarse como socio contribuyente a esa iniciativa, integrando un grupo reducido de naciones que incluye a Japón, Corea del Sur y Canadá, y que aportan financiamiento, conocimiento técnico y apoyo a proyectos regionales.
La cooperación en materia de regulación, licenciamiento, protección física, ciberseguridad y salvaguardias internacionales ocupó un lugar central en las conversaciones. En junio de este año, la CNEA y la Oficina de Seguridad Nuclear Internacional de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear estadounidense organizaron en Buenos Aires un taller sobre protección física, amenazas internas, gestión de riesgos y ciberseguridad de instalaciones nucleares, que fue presentado como parte de los acuerdos bilaterales existentes y de un proceso de capacitación continua. Ambos países reafirmaron además su compromiso con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y el rol del Organismo Internacional de Energía Atómica en el fortalecimiento de capacidades y la cooperación técnica.
La visita de Ramos Nápoli a Washington en agosto último profundizó esa línea de trabajo. El funcionario argentino se reunió con autoridades del Departamento de Energía de Estados Unidos, entre ellas el secretario adjunto de Energía Nuclear, Ted Garrish, y la subsecretaria adjunta de Política y Cooperación Nuclear, Aleshia Duncan, a quienes presentó los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, el documento de cincuenta y cuatro páginas que el gobierno de Javier Milei dio a conocer en mayo y que prioriza la exportación de productos y servicios de alto valor agregado, la seguridad energética, el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales y el posicionamiento geopolítico regional. En esa presentación, el secretario de Asuntos Nucleares enfatizó que el renacimiento nuclear mundial representa una ventana de oportunidad para la Argentina, en un contexto en el que el planeta reconstruye su base de proveedores y en el que el país podría ofrecer servicios del ciclo de combustible, fabricación de componentes de alta complejidad, ingeniería especializada y formación de cuadros técnicos.
El nuevo rumbo de la política nuclear argentina, que coloca a las exportaciones y a la captación de divisas como objetivo principal por encima de la seguridad energética, se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para atraer capital privado a sectores de alta tecnología. En julio pasado, el Gobierno presentó la propuesta de Meitner Energy para desarrollar un reactor modular de aproximadamente trescientos megavatios en el complejo Atucha, con una inversión privada estimada en mil doscientos millones de dólares, una iniciativa que todavía debe sortear aprobaciones y licenciamiento pero que ilustra el tipo de participación empresarial que la Casa Rosada busca multiplicar.
No todo es consenso. Desde sectores de la oposición y parte de la comunidad científica surgieron cuestionamientos sobre el alcance de la apertura a capitales extranjeros y la posible pérdida de soberanía sobre activos estratégicos. La diputada nacional Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA, presentó un pedido de informes ante Cancillería y el Ministerio de Economía para solicitar detalles sobre las inspecciones realizadas por funcionarios estadounidenses en las sedes de Constituyentes, Ezeiza y Bariloche, y cuestionó la instalación de sistemas de vigilancia digital controlados por agentes extranjeros en instalaciones nucleares argentinas. Serquis advirtió que el país debe ser extremadamente cauteloso en sus decisiones internacionales, dado que el desarrollo nuclear alcanzado le proporciona soberanía energética a mediano y largo plazo.
Más allá de las controversias, la hoja de ruta parece trazada. El nuevo acuerdo de cooperación nuclear, el trabajo dentro del programa FIRST, los talleres técnicos conjuntos y la inserción de la industria argentina en la cadena de valor estadounidense configuran una relación que deja atrás la mera asistencia técnica para apostar a una asociación estratégica en la que Argentina busca convertir su experiencia de más de setenta años en el uso pacífico de la energía atómica en una fuente genuina de divisas y de liderazgo regional.
