El sindicato estatal denunció el despido de cerca de cien trabajadores del organismo nuclear y ocupó su edificio central en Núñez, en una jornada que terminó con un operativo de unos noventa gendarmes, forcejeos y un efectivo herido. El Gobierno respondió que no hubo despidos sino la no renovación de 61 contratos temporarios, mientras la oposición denunció un ajuste sostenido en el organismo desde 2023.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue escenario este martes de uno de los conflictos gremiales más tensos del año dentro del sector público nacional. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de casi cien empleados del organismo y, en respuesta, ocupó de manera pacífica su sede central, ubicada en avenida del Libertador 8250, en el barrio porteño de Núñez. La medida se replicó también en otras dependencias de la CNEA distribuidas en distintas provincias.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la protesta a través de sus redes sociales y calificó las desvinculaciones como una «canallada» del Gobierno. Según el comunicado gremial, las bajas afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de diez años de antigüedad, que según el sindicato sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino. ATE fue más allá y sostuvo que los despidos forman parte de un plan deliberado para vaciar el organismo de cara a una futura privatización, y advirtió que ese camino pondría en riesgo un proyecto que calificó de estratégico, en referencia a que la Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que generan electricidad mediante tecnología nuclear. El gremio también cuestionó la legalidad de las cesantías invocando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad del empleado público.
Durante buena parte de la jornada circuló la versión de que el presidente de la CNEA, el ingeniero Martín Porro, permanecía retenido dentro del edificio. El propio sindicato salió a desmentirlo: aclaró que Porro no estaba secuestrado sino «atrincherado por decisión propia», y acusó a la conducción del organismo de mantenerse oculta y evitar dar explicaciones a los trabajadores. Porro, que lleva treinta años de trayectoria en el sector nuclear y asumió al frente de la CNEA a mediados de diciembre en reemplazo de Germán Guido Lavalle, terminó retirándose del edificio horas más tarde escoltado por personal de Gendarmería Nacional, que había ingresado previamente para garantizar su seguridad.
La protesta se produjo pocas horas después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmara en una conferencia de prensa que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. El funcionario enmarcó esa reducción dentro de un programa más amplio de achicamiento del empleo público, en el que, según precisó, el ritmo de bajas en la Administración Pública Nacional volvió a ubicarse en un promedio cercano a las tres mil por mes durante los últimos dos meses, entre revisiones de estructuras y retiros voluntarios en organismos como Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la ANAC, FADEA, RTA, ANSES, la CNRT, el INCAA, el INTA y el PAMI.
Ante el reclamo sindical, personal de Gendarmería Nacional —cerca de noventa efectivos, según trascendió— intervino para desactivar la ocupación, en un operativo que se extendió por alrededor de una hora y que derivó en forcejeos, incidentes y al menos un gendarme lesionado. Aguiar calificó lo ocurrido como «muy grave» y denunció una represión de las fuerzas federales, al tiempo que anticipó que el gremio profundizaría sus medidas de fuerza. Desde la Asociación de Profesionales de la CNEA, su secretario general, Martín Iofrida, graficó el malestar de los trabajadores al señalar que muchos se enteraron de que perdían su puesto con apenas un día de anticipación.
El Gobierno ofreció una versión distinta de los hechos. Fuentes oficiales sostuvieron que no se trató de despidos sino de la decisión de no renovar 61 contratos de plazo fijo, todos firmados durante 2023 bajo la gestión de la entonces titular del organismo, Adriana Serquis. Según esa versión, 42 de esos 61 contratos correspondían a personal con estudios primarios o secundarios, sin formación terciaria ni universitaria, y no habría bajas entre ingenieros nucleares ni entre el plantel técnico especializado que sostiene la operación de las instalaciones, en contraste con la caracterización que había hecho el sindicato de los trabajadores afectados.
El conflicto también sumó una lectura política. La diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, amplió el cuestionamiento al vincular los despidos con un deterioro presupuestario de fondo: citando datos del Grupo EPC, señaló que el presupuesto de la CNEA acumula en mayo una caída real del 32,9% respecto de 2023, que la inversión en bienes de capital se desplomó un 53,4% en el mismo período y que los salarios reales del organismo perdieron un 32,1% de su poder adquisitivo desde noviembre de ese año. La legisladora agregó que, sin contar las últimas bajas, el empleo en la CNEA ya se había reducido en 494 puestos —una caída del 12,1%— y que la masa salarial total cayó un 42,5% frente a los niveles de 2023.
Hacia el cierre de la jornada, la situación en la sede de Núñez se había normalizado, aunque desde ATE remarcaron que las protestas continuarían multiplicándose en las distintas sedes del organismo en todo el país mientras no haya una respuesta oficial a su reclamo de reincorporación.
