Una masiva movilización de trabajadores y gremios se realizó frente al Complejo Nuclear Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, en reclamo por el atraso salarial, los despidos que consideran persecutorios y la paralización del proyecto CAREM. El caso del delegado Mariano Saleh, con 14 años de antigüedad en la planta, se convirtió en el símbolo de un conflicto que ya excede lo salarial y pone en discusión el futuro de la industria nuclear estatal.
El conflicto que atraviesa al sector nuclear argentino sumó esta semana un nuevo capítulo con una protesta multitudinaria frente al Complejo Nuclear Atucha. La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a organizaciones gremiales y profesionales del área, que reclamaron por el deterioro de los salarios, la falta de respuestas en las negociaciones paritarias y una serie de desvinculaciones que consideran arbitrarias.
El caso que concentró la atención fue el de Mariano Saleh, empleado de Nucleoeléctrica Argentina desde hace 14 años, que se desempeñaba en el área de Química y Procesos y que en los últimos tiempos había asumido un rol como delegado sindical. Según relató el propio trabajador, la empresa avanzó con un pedido de desafuero para poder despedirlo pese a que aún conserva la tutela sindical, y sostiene que el verdadero motivo de la medida son sus críticas públicas —incluidas publicaciones en redes sociales— contra la política energética del Gobierno de Javier Milei. Saleh vinculó el origen del hostigamiento en su contra con la llegada de Federico Ramos Napoli a la Secretaría de Asuntos Nucleares en diciembre pasado, y afirmó que su participación en asambleas y movilizaciones contra un eventual proceso de privatización fue lo que motivó las represalias.
El dirigente llegó a ser recibido semanas atrás por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tras el encuentro denunció una persecución sindical por parte de la actual gestión. Saleh, por su parte, ratificó en distintas entrevistas que continuará reclamando su reincorporación y visibilizando lo que describe como un plan de desguace del sector atómico nacional.
Los gremios sostienen que el conflicto no se limita a los despidos ni a la cuestión salarial, sino que forma parte de un esquema más amplio de control sobre la actividad sindical dentro del complejo. Denuncian la existencia de mecanismos de vigilancia orientados a desalentar la organización de los trabajadores y a limitar la difusión de información sobre las condiciones operativas de la planta, en un clima que interpretan como una estrategia deliberada para acallar las críticas a la gestión nuclear oficial.
Uno de los ejes centrales de las protestas es la situación del proyecto CAREM, el reactor modular de diseño íntegramente argentino que llegó a tener un avance de obra considerable antes de que el Gobierno decidiera suspender su desarrollo por razones de viabilidad económica. Trabajadores y especialistas advierten que la paralización pone en riesgo capacidades científicas y tecnológicas construidas durante más de cuatro décadas, y calculan que el sector ya perdió alrededor de un 20% de su personal altamente calificado. A esa preocupación se suma el temor de que avancen procesos de evaluación de activos que podrían derivar en la apertura de áreas estratégicas de la industria nuclear estatal a capitales privados.
La movilización reunió a trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, junto a asociaciones de profesionales nucleares y delegaciones de otros gremios, entre ellas representantes del Hospital Garrahan y de SUTEBA Tigre. Para los participantes, lo que ocurre en Atucha no es un hecho aislado sino parte de un proceso más general de recorte de inversiones, pérdida de empleo y debilitamiento de organismos vinculados a la ciencia y la tecnología nacional.
Con el conflicto todavía sin resolución, los gremios ratificaron el estado de alerta y no descartaron profundizar las medidas de fuerza para defender los puestos de trabajo, recomponer los salarios y garantizar la continuidad de los proyectos nucleares que consideran estratégicos para el desarrollo del país.
