Trabajadores del Centro Atómico Bariloche llevan meses de protestas y movilizaciones para denunciar el deterioro salarial y la reducción de personal en uno de los organismos científicos más estratégicos del país. Exigen paritarias propias y una reunión urgente con las autoridades.
El 9 de marzo, unos 150 trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se concentraron en la entrada del Centro Atómico Bariloche, ubicado sobre la avenida Bustillo 9500, en una jornada de protesta organizada junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Repartieron volantes entre los automovilistas que circulaban por la zona —muchos de los cuales respondieron con bocinazos de apoyo— y visibilizaron una crisis que, según advierten, amenaza con desmantelar décadas de construcción científica y tecnológica en Argentina.
La movilización del 9 de marzo no fue un hecho aislado. Los sueldos en la CNEA vienen retrocediendo desde antes de la gestión actual, pero desde diciembre de 2023 la caída se profundizó hasta alcanzar un 60% respecto de la inflación. Esa pérdida acumulada empujó a la institución a un escenario que los propios trabajadores describen como de emergencia: hay empleados cuyos ingresos representan entre el 60% y el 80% de la Canasta Básica Total, y otros que directamente cobran por debajo de la línea de pobreza. La jornada del 9 de marzo fue precedida por otras acciones similares en enero y febrero, lo que muestra que el conflicto viene escalando desde comienzos del año.
La planta de personal del organismo se redujo de 3.336 trabajadores en septiembre de 2025 a 3.205 en febrero de 2026, lo que representa más de cien puestos perdidos en apenas meses. Cada baja, advierten los empleados, implica la pérdida de conocimiento técnico altamente especializado y difícil de reemplazar. A ese achicamiento se suma la situación de 342 personas que mantienen sus funciones bajo contratos trimestrales, en una incertidumbre permanente sobre si serán renovados. Los becarios, por su parte, realizan tareas científicas y tecnológicas esenciales pero fueron excluidos del bono de 50.000 pesos otorgado en la última paritaria, lo que los trabajadores califican como una medida discriminatoria que profundiza la desigualdad interna.
La carta abierta leída durante las movilizaciones fue firmada por la Asamblea de Trabajadores del Centro Atómico Bariloche junto a ATE CNEA, AT CNEA, AP CNEA, ATE CONICET y la comunidad del Instituto Balseiro, y fue dirigida al presidente del organismo, el ingeniero Martín Porro, y a la Secretaría de Asuntos Nucleares, encabezada por Federico Ramos Nápoli. En el documento señalan que la situación no responde a errores de gestión sino a una decisión política deliberada: se recortan salarios mientras se mantienen las mismas responsabilidades en materia de seguridad, operación y desarrollo tecnológico nuclear.
Los trabajadores apuntan a que la nueva conducción de la CNEA está marcada por el silencio hacia el personal: la gestión participa en eventos empresariales pero no tiene ninguna comunicación hacia sus propios empleados, quienes viven en una incertidumbre permanente con contratos a punto de vencer y proyectos paralizados. Entre los proyectos afectados figura el CAREM-25, el primer reactor nuclear modular de baja potencia diseñado y construido en Argentina, que acumula demoras y cuyo desfinanciamiento es señalado como símbolo del retroceso en política nuclear. También el RA-10, un reactor multipropósito para investigación y producción de radioisótopos, aparece entre las iniciativas con dificultades.
El recorte presupuestario alcanza a todas las regionales del organismo en el país: Pilcaniyeu, Centro, Cuyo (San Rafael), Lima, Patagonia (Trelew) y Noroeste (Salta), afectando el funcionamiento de equipos y proyectos en todo el territorio. La situación se agrava, además, por el colapso de la obra social del sector: los afiliados denuncian suspensiones de servicios y falta de acuerdos con colegios médicos, aunque los descuentos continúan realizándose con normalidad.
La consecuencia más difícil de revertir es la salida de profesionales formados durante años dentro del propio sistema. Los trabajadores señalan que personas con una década de formación se van hacia el sector privado o al exterior, donde son absorbidos por países que sí invierten en ciencia y tecnología. En ese sentido, advierten que el Presupuesto Nacional 2026 eliminó en su artículo 30 el piso de inversión en ciencia, educación y tecnología, lo que vulnera toda la cadena de formación profesional.
Frente a este panorama, los trabajadores exigen la convocatoria a una paritaria sectorial propia, la renovación de los 342 contratos en riesgo, el financiamiento de los servicios tercerizados, la normalización operativa en todas las regionales y, fundamentalmente, la presentación pública de un plan nuclear con metas, plazos y financiamiento concreto. También reclaman una reunión urgente con las autoridades del organismo. La respuesta, hasta ahora, sigue siendo el silencio.
