Técnicos y delegados de Nucleoeléctrica Argentina denuncian que la nueva conducción de la empresa recibió órdenes de “congelar” las auditorías sobre presuntos sobreprecios durante la gestión de Demian Reidel, al mismo tiempo que se acelera el proceso de privatización parcial de la compañía.
En el centro de la disputa se encuentra la investigación interna sobre una serie de licitaciones sospechosas que habrían generado sobreprecios millonarios, especialmente en contratos de limpieza para las centrales nucleares Atucha I y II, Embalse y el Hotel de Baradero. Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de planta de Atucha, fue uno de los primeros en denunciar presiones internas y una contratación con un sobreprecio cercano al 140%, iniciando una cadena de testimonios que terminó por sacudir la cúpula de Nucleoeléctrica y terminar con la renuncia de Reidel como presidente del directorio.
Tras su salida, las fuentes internas señalan que la nueva conducción de la empresa no profundizó esos análisis, sino que habría recibido instrucciones directas para priorizar el avance administrativo de la privatización. Para varios técnicos y delegados, la decisión de no avanzar con la auditoría completa responde a un interés político de no encontrar más elementos que pudieran entorpecer o retrasar la apertura de la empresa a inversores privados, tal como prevé el Decreto 695/2025 que habilita la venta del 44% del capital de Nucleoeléctrica Argentina.
En paralelo, crecen las sospechas sobre la figura de la empresa en el contexto de la privatización. Diversas voces dentro de la propia Nucleoeléctrica estiman que el valor global de las centrales podría rondar los u$s 10.000 a 11.000 millones, mientras que se barajaría un precio de unos u$s 1.000 millones para el 44% que se pretende vender, lo que alimenta la idea de una eventual subvaluación. Esta brecha alimenta la crítica de organismos sindicales, expertos energéticos y legisladores opositores, que advierten que la combinación de un proceso de privatización apresurado y una investigación sobre irregularidades que no se profundiza debilita los controles de transparencia y socava la noción de soberanía sobre el ciclo nuclear argentino.
El episodio se inscribe en un debate más amplio sobre el rol del Estado en la energía nuclear. Desde el Gobierno se sostiene que la entrada de capital privado permitirá financiar proyectos como pequeños reactores modulares y la expansión de la minería de uranio, mientras que críticos insisten en que Nucleoeléctrica era una empresa superavitaria y que su apertura a la venta responde más a una lógica de recaudación y ajuste que a un plan energético sostenible. En ese cruce de intereses, la figura de Reidel, hoy fuera del directorio, quedó como foco de una trama de sobreprecios y presiones internas, en tanto la dirección actual de la empresa se encuentra bajo la lupa de quienes exigen que la investigación avance
