A través del Decreto 655/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aprobó un nuevo organigrama para la CNEA que reduce las unidades organizativas del organismo de 645 a un máximo de 272. La medida llega semanas después de que el ente despidiera a más de un centenar de trabajadores, un episodio que había derivado en protestas y en la toma de su sede central.
El Gobierno nacional formalizó una profunda reestructuración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto 655/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, cartera de la que depende el organismo a través de la Secretaría de Asuntos Nucleares. La norma, publicada este lunes en el Boletín Oficial, deroga la estructura organizativa vigente desde 2006 y actualizada en 2023, y la reemplaza por un esquema considerablemente más chico.
Según el propio texto oficial, la CNEA venía funcionando con 645 unidades organizativas, entre las que se contaban dos autoridades políticas, once gerencias de área, 240 departamentos y 283 divisiones. Con el nuevo diagrama, el organismo deberá ajustarse a un tope de 272 unidades, lo que representa un recorte cercano al 58 por ciento. El propio vocero presidencial había anticipado semanas atrás una cifra similar de achicamiento, en sintonía con el diagnóstico que ahora plasmó el decreto: la intención declarada es reducir lo que el Gobierno calificó como «sobredimensionamiento» de la estructura funcional del ente.
El nuevo esquema simplifica la conducción de la CNEA, que a partir de ahora reportará directamente a la Presidencia y la Vicepresidencia del organismo, con la Unidad de Auditoría Interna, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Gerencia de Coordinación General como principales áreas de apoyo. Por debajo de ese nivel quedarán siete gerencias de área: Energía Nuclear, dedicada a la investigación sobre reactores, centrales y el ciclo del combustible nuclear; Investigación y Desarrollo de Grandes Proyectos, que incluye la conducción de iniciativas complejas como el reactor modular CAREM; Aplicaciones Nucleares a la Salud, responsable del plan de medicina nuclear y de la investigación en radiofarmacia; Producción de Radioisótopos y Aplicaciones de la Radiación, que opera el reactor RA-3 y abastece a la industria y a la salud pública; Seguridad Nuclear y Ambiente; Articulación Institucional, encargada de los convenios con universidades; y Administración y Gestión.
El decreto también fijó topes máximos para los niveles inferiores de la estructura, que la conducción del organismo deberá terminar de definir en un plazo de 60 días: hasta 32 gerencias de segundo nivel operativo (antes había 45), 48 subgerencias (una menos que las 49 previas), 168 departamentos (frente a los 240 anteriores) y apenas 7 divisiones, un recorte drástico respecto de las 283 que existían hasta ahora. Ese nuevo proyecto de estructura deberá contar, además, con el aval del Ministerio de Desregulación.
La reorganización se produce apenas un mes después de que la CNEA dejara de renovar los contratos de un grupo de trabajadores, una medida que generó fuerte rechazo gremial y motivó protestas en distintos puntos del país, incluida la toma del edificio central del organismo en Buenos Aires a fines de junio. Las cifras sobre el alcance de esos despidos variaron según la fuente: mientras el propio organismo reconoció 61 desvinculaciones, la Asociación Trabajadores del Estado denunció que en realidad fueron más de cien, entre ellos profesionales y técnicos con una década o más de antigüedad en áreas consideradas estratégicas.
Desde los gremios que nuclean a los trabajadores del sector, como ATE y APCNEAN, advirtieron que el nuevo achicamiento de la estructura podría afectar directamente la producción de radioisótopos utilizados en tratamientos oncológicos y profundizar la salida de personal calificado hacia otros países u organismos. También hubo cuestionamientos respecto del impacto que la medida podría tener sobre el desarrollo de proyectos de relevancia estratégica para la soberanía nuclear del país, en un contexto en el que el propio Gobierno impulsa, en paralelo, un mayor protagonismo del sector energético a través de la minería, el gas y el petróleo como ejes de su política económica.
