La administración nacional anunció que el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 entró en la etapa final de construcción y proyecta su puesta en marcha para 2027. La instalación, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, estará orientada a la producción de radioisótopos para uso médico, mientras el Gobierno evalúa un esquema para que su operación quede en manos del sector privado.
El RA-10 es un proyecto impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y tendrá como principal función elaborar radioisótopos destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entre ellos se destaca el molibdeno-99, un insumo utilizado en medicina nuclear para obtener tecnecio-99m, empleado de manera habitual en estudios clínicos.
Según la proyección oficial difundida este viernes, la nueva infraestructura podría cubrir cerca del 20% de la demanda mundial de molibdeno-99. El reactor también permitirá realizar investigaciones, ensayos vinculados a combustibles y materiales nucleares, además de ampliar las capacidades argentinas en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la salud.
La novedad política del anuncio es que el Ejecutivo buscará que la operación comercial de la planta no quede exclusivamente bajo control de la CNEA. La alternativa en estudio contempla la participación de una empresa privada, con el argumento de dotar al proyecto de una estructura más orientada a la producción, la comercialización y la inserción internacional de los radioisótopos.
Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, conduce esta área dentro del Ministerio de Economía luego de haber encabezado Dioxitek entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Desde esa función, tiene a su cargo la supervisión de organismos y compañías del complejo nuclear estatal, incluida la CNEA.
La definición se inscribe en una reorientación más amplia de la política nuclear. Los lineamientos sectoriales publicados por la Secretaría de Asuntos Nucleares establecen que los nuevos proyectos deberán demostrar viabilidad comercial además de factibilidad técnica, y plantean que el Estado conservará las atribuciones de regulación, control de seguridad y garantías soberanas, pero podrá habilitar inversiones y gestión privada en otras actividades.
El enfoque oficial contrasta con la situación del CAREM, el reactor modular de diseño argentino cuya construcción permanece suspendida. El proyecto había alcanzado un importante nivel de avance físico, pero su continuidad quedó atravesada por restricciones presupuestarias y por el debate sobre su sustentabilidad económica.
Con el RA-10, el Gobierno apunta a concluir una obra estratégica para la producción de radioisótopos y, al mismo tiempo, ensayar un modelo de operación con mayor participación empresaria. La puesta en funcionamiento prevista para 2027 marcaría la incorporación de un nuevo reactor a la infraestructura nuclear argentina, doce años después de la inauguración de Atucha II, aunque con una finalidad diferente: la provisión de insumos para la medicina nuclear y la investigación.
