La administración de Javier Milei impulsa la privatización parcial de la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país, en el marco de una redefinición de la política nuclear que prioriza la generación de divisas y la atracción de capitales extranjeros por sobre el desarrollo científico.
El Gobierno nacional avanza a paso firme con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Según el decreto publicado en septiembre de 2025, el Estado conservará el 51% de las acciones, mientras que el 44% restante se pondrá a la venta en una licitación pública, nacional e internacional, y el 5% quedará en manos de los trabajadores a través de un programa de propiedad participada. La operación representa un giro sustancial en la trayectoria de un sector que, desde sus orígenes en la década de 1950, había sido conducido casi exclusivamente por el Estado.
La empresa, que aporta aproximadamente el 7% de la electricidad que se consume en el país y cuenta con una potencia instalada de 1763 megavatios, es una de las pocas compañías estatales superavitarias. Durante el primer trimestre del año que antecedió al anuncio, registró un resultado financiero positivo de 17.234 millones de pesos. Ese dato no pasó desapercibido para los críticos del proceso: el físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Diego Hurtado planteó en ese entonces una pregunta que resonó en el arco opositor: «¿Por qué quieren privatizar el 44 por ciento de la compañía si en realidad es una empresa superavitaria?». Para Hurtado, la decisión respondía a presiones del Fondo Monetario Internacional, que en un informe de agosto de 2025 instaba al Gobierno a acelerar las privatizaciones para acumular reservas.
El proceso de apertura al capital privado no se limita a la venta de acciones. En mayo de 2026, el Ejecutivo presentó los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, un documento que establece un cambio conceptual de fondo: la prioridad ya no estará puesta únicamente en la generación de electricidad o el desarrollo científico, sino en convertir al complejo nuclear en una fuente de exportaciones y divisas. El texto, elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares a cargo de Federico Ramos Napoli, fijó cuatro objetivos jerarquizados, con el desarrollo de exportaciones nucleares de alto valor agregado en primer lugar. “Cuando dos objetivos entren en tensión deberá prevalecer el de mayor rango”, aclaró el documento, lo que en los hechos ubica a la generación de divisas como criterio principal para evaluar proyectos e inversiones del sector.
Los lineamientos incluyeron también una autocrítica sobre el desarrollo nuclear argentino. Si bien el país integra el reducido grupo de naciones que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear, el texto sostuvo que durante décadas no logró transformar esas capacidades en una industria exportadora de escala. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, planteó el documento al repasar la evolución histórica del sector. Uno de los seis principios rectores de la nueva política establece explícitamente que el sector privado debe actuar como “socio del Estado”, y que la función estatal es conducir estratégicamente el sector, definir prioridades y garantizar el cumplimiento de los compromisos.
En paralelo a la apertura al capital privado, el organismo público que durante 76 años fue el corazón del desarrollo nuclear argentino atraviesa su peor momento presupuestario. La CNEA sufrió un recorte del 45% en su presupuesto durante la gestión de Milei, la inversión en bienes de capital descendió un 53,4% y el gasto en salarios cayó un 42,5%, de acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología. Como consecuencia, unos 800 investigadores y trabajadores dejaron la CNEA y otras empresas públicas vinculadas, y en la última semana se sumaron otros 62 ceses. “En el mundo son pocos los países que dominan la tecnología nuclear y Argentina es uno. Le costó 76 años lograr lo que tenemos y eso hoy está en riesgo”, advirtió el ingeniero Martín Iofrida, especialista en reactores nucleares.
El giro privatizador también despertó sospechas sobre el interés de potencias extranjeras en desmantelar el desarrollo nuclear argentino. Hurtado recordó que “es un viejo sueño de Estados Unidos terminar con el Plan Nuclear Argentino y hoy tienen un gobierno muy afín que puede cumplirlo”. El exvicepresidente de la CNEA señaló que, a diferencia de Argentina, países como Estados Unidos o Alemania prohíben la entrada de capitales extranjeros en sectores considerados críticos o estratégicos. “Es como lo que ya hizo el gobierno con Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que no es solo privatizarla sino extranjerizarla, venderla a capitales extranjeros”, comparó.
La redefinición del sector nuclear, que incluye tanto la privatización de Nucleoeléctrica como el desguace de las capacidades de la CNEA, marca uno de los cambios más profundos en la política científica y energética argentina de las últimas décadas. Mientras el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para capitalizar el conocimiento acumulado y transformarlo en divisas, los especialistas y trabajadores del sector advierten que el país está entregando un patrimonio tecnológico construido durante tres cuartos de siglo. La discusión, que ya llegó al Congreso con proyectos opositores para frenar la privatización, promete extenderse en los próximos meses.
