El 4 de mayo, mientras una delegación del Departamento de Estado y Energía de los Estados Unidos recorría los centros atómicos del país, la Comisión Nacional de Energía Atómica habilitó un procedimiento para que empresas privadas accedan a sus instalaciones e inicien procesos de compra. Especialistas y trabajadores del sector denuncian el desmantelamiento de décadas de desarrollo científico soberano.
La coincidencia no pasó desapercibida para los trabajadores del sector nuclear. El mismo día que una comitiva del Departamento de Estado y Energía de los Estados Unidos —integrada por Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Ángeles Coscolla— llegó a recorrer los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) inició el expediente EX-2026-44525894-APN-GACOYA#CNEA. Dos días después de que esa delegación terminara su recorrido en Bariloche, la CNEA aprobó el procedimiento administrativo denominado «Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas», que habilita a empresas privadas nacionales e internacionales a pedir autorización para visitar las instalaciones del organismo como paso previo a la adquisición de sus activos.
El expediente permite el acceso a recursos y material nuclear, infraestructura, e incluso al llamado «patrimonio inmaterial» del organismo: planos y patentes. En términos concretos, la CNEA pone a disposición de los interesados todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial —material o inmaterial— que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia del organismo.
El ingeniero Nicolás Malinovsky, especialista del sector energético, fue uno de los primeros en salir a cuestionar el proceso de manera pública. En declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM), lo calificó como «un remate de soberanía» y advirtió que el avance sobre el sector nuclear responde a «un plan sistemático de privatización» que incluye áreas consideradas sensibles para el desarrollo energético nacional. «Privatizar esto es privatizar años de soberanía, de desarrollo científico-tecnológico y de trabajo argentino», sostuvo. Entre las consecuencias más concretas de la gestión actual, Malinovsky señaló que la gerencia de ingeniería de la CNEA ya perdió más del 20% de su personal.
Esa fuga de talentos no es un fenómeno aislado. La desarticulación del plan nuclear argentino se refleja en el presupuesto devengado para proyectos de soberanía tecnológica: programas de alta complejidad, como la puesta en marcha del módulo de enriquecimiento de uranio y el desarrollo de máquinas centrífugas, tuvieron inversión prácticamente nula durante 2026. La falta de horizonte provocó la baja de más de 300 agentes calificados en los últimos dos años, una fuga de capital intelectual que, según especialistas del sector, podría tardar décadas en subsanarse.
Uno de los proyectos más emblemáticos de esa pérdida es el CAREM, el reactor modular pequeño diseñado íntegramente en Argentina. Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA, desmintió las versiones oficiales sobre su supuesta obsolescencia: la obra civil había alcanzado un avance del 85%, contaba con un estudio de mercado realizado con YPF y tenía reconocimiento internacional. El gobierno de Milei decidió no continuarlo.
El uranio, en el centro de la disputa
Los yacimientos de uranio que actualmente se encuentran bajo jurisdicción de la CNEA son Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut), con reservas identificadas que totalizan 38.740 toneladas de uranio. Esos activos son precisamente los que preocupan a quienes advierten sobre el alcance real del procedimiento administrativo habilitado.
El contexto internacional le da una dimensión adicional al tema. Malinovsky explicó que el interés de Estados Unidos sobre el uranio argentino se enmarca en el plan nuclear impulsado por la administración Trump, orientado a abastecer la creciente demanda energética de los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial. El secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, ya habló públicamente de un «compromiso argentino» para la extracción de uranio y tierras raras.
El avance privatizador se enmarca en el memorándum de entrega de minerales críticos a Estados Unidos, suscripto en agosto de 2024 y ratificado el 4 de febrero de este año. Bajo ese paraguas, el físico Diego Hurtado, investigador del Conicet con experiencia en gestión de organismos científicos, advirtió que lo que está ocurriendo es calcado de lo que sucedió en los años noventa: como las autoridades de la CNEA tienen garantizado que no recibirán inversión pública, salen a buscar actores privados, y esos negocios se concretan a partir de la entrega de activos públicos.
En ese mercado emergente ya operan varias empresas. Las canadienses Jaguar Uranium Corp. y Blue Sky Uranium están entre las más activas: Jaguar anunció la exploración del proyecto Huemul en Malargüe y en Chubut con una inversión de 25 millones de dólares, mientras Blue Sky lidera el proyecto Corcovo en Mendoza y el proyecto Amarillo Grande en Río Negro. A ellas se suma, según informó El Destape, Fisherton Mining SA, creada en junio de 2025 con vínculos al Grupo Pérez Companc, a IRSA y a Genneia.
La comparación con los noventa y las críticas internas
Para Malinovsky, la situación actual tiene un antecedente directo: la ola de privatizaciones de la década de 1990, cuando la minería de uranio fue cancelada bajo el argumento de que importar resultaba más barato. Hoy, en cambio, el contexto global hace del uranio un recurso codiciado, y la Argentina —con reservas significativas y décadas de desarrollo tecnológico acumulado— aparece como un actor estratégico en un momento en que otros países están dispuestos a pagar para asegurarse el suministro.
El plan nuclear argentino se apoyaba en cuatro pilares: generación de electricidad, construcción de reactores, agua pesada y minería de uranio. Cada uno está hoy en crisis: Nucleoeléctrica Argentina se privatiza parcialmente, el CAREM se frenó, la planta de agua pesada de Neuquén no se reactivó y la minería se reorienta a exportar uranio como materia prima, perdiendo la lógica de integrar el ciclo completo.
La presidencia de Martín Porro en la CNEA desplazó al sector científico para instalar una estructura administrativa enfocada en la reestructuración. Mientras caen los proyectos tecnológicos, el organismo autorizó gastos millonarios en mudanzas y acumuló deudas de servicios básicos. El caso del físico Demián Reidel, anterior titular de Nucleoeléctrica, añade otra capa de controversia: fue imputado por compras irregulares realizadas con la tarjeta corporativa de la empresa, aunque desde el sector se subraya que el problema de fondo excede largamente los escándalos administrativos puntuales.
Lo que está en juego, según quienes trabajan en el sector y vienen advirtiendo sobre estas políticas, no es solo un conjunto de instalaciones o yacimientos: es la capacidad del Estado argentino de sostener una industria de alta tecnología que el país construyó durante más de setenta años y que hoy —en un mundo donde la energía nuclear vuelve a ser central— tiene un valor estratégico que ninguna liquidación de activos podría compensar.
