Japón conmemora el decimoquinto aniversario del triple desastre con la herida del éxodo aún abierta, mientras impulsa una controvertida reactivación de sus centrales atómicas para sostener su economía y cumplir con los objetivos climáticos.
La fecha quedó grabada a fuego en la memoria colectiva de Japón. A las 14:46 del 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9, el más potente jamás registrado en el archipiélago, sacudió la costa noreste del país. El posterior tsunami, con olas que superaron los 15 metros, no solo arrasó ciudades enteras y causó más de 20.000 muertos o desaparecidos, sino que embistió la central nuclear de Fukushima Daiichi, desencadenando el peor accidente nuclear desde Chernóbil. Quince años después, Japón se encuentra en una encrucijada: mientras 26.000 personas aún no han podido regresar a sus hogares en las zonas evacuadas, el gobierno impulsa un decidido, pero tambaleante, retorno a la energía atómica.
El recuerdo del «apagón nuclear» que siguió a la catástrofe, con la parada de los 54 reactores que proveían el 30% de la electricidad del país, aún continúa presente y el camino de regreso es lento y plagado de desconfianza. De las 33 unidades que aún se consideran operables, solo 15 han sido reactivadas tras someterse a los nuevos y estrictos estándares de la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), aportando actualmente menos del 9% de la energía del país. El símbolo más reciente y controvertido de este resurgir es la reactivación el mes pasado de un reactor en la central de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, operada por Tokyo Electric Power Company (Tepco), la misma empresa que gestionaba la planta de Fukushima.
Este reinicio, en la prefectura de Niigata, ilustra a la perfección las heridas que aún supuran. Aunque la NRA autorizó el funcionamiento en 2022, hubo que esperar tres años para vencer la resistencia local, alimentada por la pésima reputación de Tepco y su historial de irregularidades en la gestión de la crisis de 2011. “Se cuestionaba si Tepco era realmente de fiar”, admitió Satoru Yasuraoka, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI), en declaraciones a EL PAÍS. La compañía, nacionalizada de facto en 2012 tras una inyección de más de 10.000 millones de euros, asume que su razón de ser es cumplir con las obligaciones de reparación. El coste total del accidente, incluyendo desmantelamiento y compensaciones, se estima ya en unos 103.000 millones de euros.
Precisamente, el monumental desafío del desmantelamiento de la central de Fukushima Daiichi avanza con una lentitud que pone en duda los plazos oficiales. El gobierno y Tepco mantienen el objetivo de completar las tareas en dos fases, entre 2041 y 2051, pero los hitos se acumulan con retrasos. Se calcula que en los reactores 1, 2 y 3 permanecen unas 880 toneladas de combustible fundido, restos altamente radiactivos cuya extracción es una operación sin precedentes. La semana pasada, la compañía anunció que pospone el inicio de la extracción a gran escala en el reactor 3 hasta al menos 2037. Para explorar el infierno radiactivo, se están desarrollando tecnologías de punta, como robots con forma de serpiente de 22 metros de longitud o drones en miniatura, que intentan mapear el interior de las vasijas donde la radiación impide la entrada humana. Al mismo tiempo, Tepco continúa con la delicada tarea de desmantelar los miles de tanques que almacenan el agua contaminada tratada, liberando espacio para construir las instalaciones necesarias para estos complejos trabajos.
El contexto geopolítico y energético ha empujado al gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, reelegida en febrero, a acelerar este cambio de rumbo. La guerra en Ucrania primero, y el actual conflicto en Oriente Próximo que amenaza el suministro de gas natural licuado, han evidenciado la vulnerabilidad de un país que depende casi por completo de la importación de combustibles fósiles. A ello se suma el imparable aumento de la demanda eléctrica proyectada por la proliferación de centros de datos y fábricas de semiconductores, impulsadas por la inteligencia artificial. En este escenario, Tokio se ha fijado la meta de que, para 2040, la energía nuclear cubra el 20% del mix eléctrico, mientras las renovables aporten entre el 40% y el 50%.
Sin embargo, las voces críticas son numerosas y contundentes. Expertos como Tatsujiro Suzuki, profesor de Ingeniería Nuclear en la Universidad de Nagasaki, consideran que Japón debería reducir gradualmente su dependencia atómica y pone en duda que el aumento de la demanda sea tan significativo como se prevé. Además, persisten dos problemas mayúsculos sin resolver: el destino final de los residuos radiactivos de alta actividad, para el que no existe un plan definitivo, y el envejecimiento de los reactores, cuya vida útil se ha alargado a 60 años, pero que deberán ser reemplazados por nuevas construcciones en un proceso que puede demorar décadas y enfrenta una enorme oposición social.
El ingeniero nuclear posterior al accidente, quien participó en el diseño de plantas como la de Kashiwazaki-Kariwa, denuncia que «en Japón nadie puede afirmar que la energía nuclear es absolutamente segura». A su juicio, las lecciones de Fukushima no se han incorporado de raíz en la nueva regulación, y los accidentes graves son, por definición, imposibles de prevenir en su totalidad.
Mientras el gobierno habla de «experiencia acumulada» y de convertir la tragedia en un relato de progresos en seguridad, la vida en la prefectura de Fukushima es un mosaico de contrastes. En localidades como Namie o Futaba, apenas un puñado de los antiguos residentes ha regresado, conviviendo con nuevas industrias y hasta con un área de descanso con enormes esculturas de Pokémon que busca atraer turistas. El gobierno asegura que para 2030 definirá la hoja de ruta para deshacerse de millones de metros cúbicos de suelo contaminado retirado en las tareas de descontaminación, que actualmente nadie quiere albergar.
En Minamisoma, a 25 kilómetros de la central, Yuri Ide, de 62 años, nunca cerró su bar, aunque muchos de sus clientes se fueron o han muerto. «Lo que pasó, pasó. Y los habitantes de Fukushima hemos demostrado que podemos reconstruir nuestras vidas y seguir adelante después de algo tan tremendo», afirma, encapsulando en una frase el estoicismo de una región que, quince años después, sigue levantándose sobre las cenizas radiactivas, mientras el país que la rodea debate si volver a abrazar la energía que lo cambió todo.
