Una delegación de siete agentes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Regulatoria Nuclear de Washington recorrió esta semana las instalaciones de la CNEA en Constituyentes, Ezeiza y Bariloche. La visita generó rechazo en el sector científico y una interpelación parlamentaria al Gobierno.
El lunes 4 de mayo, siete funcionarios del gobierno de los Estados Unidos comenzaron a recorrer tres centros atómicos estratégicos de la Argentina: el Centro Atómico Constituyentes, el Centro Atómico de Ezeiza y el Centro Atómico de Bariloche, además de la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La comitiva estuvo integrada por representantes del Departamento de Estado, el Departamento de Energía y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de Estados Unidos, junto con personal diplomático de la embajada norteamericana y autoridades de la propia CNEA.
La visita quedó formalmente asentada en un documento interno de la institución, firmado por los gerentes de las áreas de Articulación Institucional y de Seguridad Nuclear y Ambiente. El texto habilitaba el ingreso de la delegación para inspeccionar activos físicos, sistemas de alarmas y almacenamiento de materiales en las instalaciones nucleares, en el marco de lo que se denominó internamente «Protección Física USA – DOE/DOS».
El antecedente directo de esta visita es una serie de reuniones celebradas entre el 25 y el 27 de febrero entre representantes de ambos países, cuyos resultados publicó el Departamento de Estado el 5 de marzo. En ese encuentro, Argentina y Estados Unidos acordaron intercambiar información técnica vinculada a la regulación de reactores nucleares, supervisión, otorgamiento de licencias, protección física, seguridad y ciberseguridad. Con la escalada del conflicto entre Washington y Teherán como telón de fondo, esos acuerdos derivaron en la inspección que tuvo lugar esta semana.
La llegada de la delegación estuvo acompañada de una inusual concentración de fuerzas de seguridad en las inmediaciones de los centros atómicos. Según describió el físico Rodolfo Kempf, investigador de la CNEA especializado en combustibles nucleares y residuos radiactivos, los centros atómicos aparecieron rodeados de uniformados con armas largas, incluido el grupo de elite Alacrán de la Gendarmería Nacional con equipamiento de vigilancia, e incluso con personal revisando escritorios de trabajadores. Kempf fue más lejos al explicar el propósito técnico de la visita: señaló que el objetivo central era verificar el funcionamiento de un sistema de cámaras instalado dentro de las instalaciones y que ahora quedaría bajo control directo de los funcionarios estadounidenses, algo que consideró fuera de toda práctica común en materia de cooperación nuclear.
La diputada nacional Adriana Serquis, doctora en Física y ex presidenta de la CNEA, fue la voz política más activa en cuestionar la operación. Presentó ante los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía un pedido de informes urgente para que el Poder Ejecutivo explicara bajo qué acuerdos o convenios internacionales se amparaba la presencia de agentes estadounidenses en instalaciones nucleares soberanas entre el 4 y el 8 de mayo. En una exposición pública, Serquis cuestionó directamente al Gobierno: «¿Qué acuerdo hizo para autorizar la inspección del Departamento de Estado en nuestras instalaciones para llevarse información sensible? Ese supuesto convenio no estuvo avalado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.» La legisladora también advirtió que Argentina posee desarrollos nucleares que le otorgan una posición de referencia mundial, y que permitir que esas capacidades sean controladas directamente por agentes extranjeros resulta lesivo para la soberanía nacional.
El Gobierno nacional mantuvo hermetismo sobre el alcance de los acuerdos que respaldaron la visita y no emitió comunicaciones públicas al respecto. La oposición y el sector sindical del área nuclear interpretaron el episodio en un contexto más amplio: la presencia en el país del empresario tecnológico Peter Thiel, los ejercicios militares aprobados mediante decreto en la Zona Económica Exclusiva y la visita de altos mandos del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos configuran, según sus críticos, una trama de creciente penetración en sectores estratégicos.
La inquietud entre los trabajadores y profesionales de la CNEA fue considerable. Sindicatos como ATE y APCNEAN se pronunciaron contra la militarización de las instalaciones, aunque sin convocar a medidas de acción directa. El debate que abrió la visita reavivó tensiones ya existentes en el sector, donde conviven la preocupación por el deterioro salarial, la precarización laboral y las discusiones sobre el futuro del programa nuclear argentino en un contexto de creciente presión externa.
