El secretario adjunto Christopher Yeaw encabeza en Buenos Aires un foro regional sobre tecnología atómica avanzada, coincidiendo con la reciente presentación de la doctrina oficial que habilita el ingreso de capitales privados a una actividad históricamente regulada por el Estado.
La política energética y de relaciones exteriores de la Argentina atraviesa un punto de inflexión significativo con el arribo al país de Christopher Yeaw, secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para Asuntos sobre Control de Armas y No Proliferación. El funcionario de la administración de Donald Trump participa en la ciudad de Buenos Aires de la cuarta edición del Taller Regional del programa Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños, conocido como FIRST por sus siglas en inglés, un evento coorganizado junto a la Comisión Nacional de Energía Atómica que se extiende hasta el próximo 5 de junio.
La presencia del emisario norteamericano no es casual y se produce inmediatamente después de que el Gobierno nacional oficializara sus nuevos lineamientos estratégicos para el área. A través de la Secretaría de Asuntos Nucleares, la gestión de Javier Milei presentó un plan que busca reconfigurar el entramado atómico local de los próximos dieciocho meses, con prioridades puestas en la extensión de la vida útil de la central Atucha I y la finalización del reactor multipropósito RA-10. Sin embargo, el eje más disruptivo de esta nueva doctrina radica en la apertura formal a las inversiones privadas de origen internacional dentro de un sector que, por motivos de seguridad y soberanía, se mantuvo bajo estricto control estatal durante décadas.
La agenda de Yeaw en el país contempla una serie de encuentros bilaterales de alto nivel que involucran a representantes de las carteras de Economía y Salud, así como a referentes de las delegaciones extranjeras que asisten al foro técnico. El programa FIRST, respaldado económicamente por la cancillería de Canadá y con la intervención de especialistas de Japón y el Reino Unido, se orienta a capacitar a diversos países de América Latina en la implementación segura y bajo estándares internacionales de reactores de pequeña escala, orientados a la transición energética y a aplicaciones no eléctricas.
Mientras el Ejecutivo promueve la inserción de las capacidades tecnológicas nacionales en el mercado exportador global bajo una lógica de rentabilidad y desregulación corporativa, el nuevo rumbo despierta fuertes debates en el escenario político y gremial local. Desde sectores de la oposición y de la propia comunidad científica nucleada en la Comisión Nacional de Energía Atómica ya se impulsan iniciativas legislativas en el Congreso para blindar proyectos históricos de desarrollo nacional como el reactor CAREM frente a posibles procesos de privatización o desfinanciamiento presupuestario, marcando las tensiones internas ante el nuevo paradigma de inversiones promovido desde la Casa Rosada.
