El Senado italiano aprobó este miércoles la ley que habilita el retorno de la energía atómica al país, cerrando un proceso parlamentario que permite al Gobierno de Giorgia Meloni diseñar el marco normativo para una nueva generación de reactores.
La votación en la Cámara alta se resolvió con 81 votos a favor, 51 en contra y siete abstenciones. El texto, que ya había superado el filtro de la Cámara de Diputados en junio, no autoriza de inmediato la construcción de ninguna planta. En cambio, otorga al Ejecutivo un plazo de doce meses para elaborar los decretos que definirán las reglas de seguridad, las autorizaciones, la gestión de residuos, la selección de emplazamientos y el resto de aspectos operativos de lo que las autoridades denominan “energía nuclear sostenible”.
El ministro de Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, celebró el resultado como una jornada histórica y anticipó que su ministerio trabaja para tener listos esos decretos antes de que termine 2026. Según las estimaciones que maneja el Gobierno a partir de los análisis del sector, las primeras instalaciones podrían entrar en funcionamiento entre 2033 y 2034. El plan se centra en reactores modulares de pequeña y mediana escala, conocidos como SMR y AMR, en lugar de las grandes centrales que Italia operó en el pasado. La normativa también contempla posibilidades vinculadas a la producción de hidrógeno con energía nuclear y, a más largo plazo, a la fusión.
Italia cerró su programa nuclear tras el referéndum de 1987, convocado en el contexto del accidente de Chernóbil. Las últimas centrales en funcionamiento, Caorso y Trino Vercellese, dejaron de operar en 1990. Un nuevo referéndum en 2011, después del desastre de Fukushima, rechazó intentos de reabrir la puerta a esta tecnología. Desde entonces, el país importa electricidad generada en centrales nucleares de naciones vecinas mientras afronta el desafío de reforzar su seguridad energética, atender una demanda eléctrica que se prevé en aumento y avanzar en los objetivos europeos de descarbonización para 2050.
Meloni ha defendido la decisión como una opción de sentido común orientada a reducir la dependencia exterior y a complementar las fuentes renovables. El Gobierno sostiene que la combinación de nuclear y renovables permitirá disponer de más energía para hogares y empresas, en un escenario marcado por la electrificación de la industria, el transporte y el auge de centros de datos.
La norma prevé la elaboración de un programa nacional de energía nuclear sostenible, el impulso a la investigación, la formación de personal especializado y mecanismos de información pública. Uno de los asuntos más sensibles será el tratamiento de los residuos radiactivos. Italia aún no cuenta con un depósito definitivo para los materiales generados por su antiguo programa, que permanecen en instalaciones temporales. Los futuros decretos deberán distinguir entre el almacenamiento de residuos de alta actividad y el destino de los de baja y media intensidad, incluidos los procedentes del desmantelamiento de las viejas centrales.
La selección de los sitios para las nuevas plantas y los depósitos requerirá la participación de los municipios afectados, un proceso que combina análisis técnicos, trámites administrativos y aceptación territorial. La votación reflejó la división política: respaldaron el proyecto Fratelli d’Italia, la Liga, Forza Italia y Acción, mientras que el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas y Alianza Verdes e Izquierda votaron en contra. Italia Viva se abstuvo. Las fuerzas opositoras criticaron la falta de precisiones sobre costos, financiamiento y el grado de madurez comercial de algunas de las tecnologías contempladas.
Con esta ley, Italia recupera un marco legal para explorar de nuevo la energía nuclear, aunque el camino hacia las primeras plantas operativas aún requiere años de trabajo regulatorio, técnico y de consenso territorial.
