La expresidenta se reunió el viernes con Mariano Saleh, trabajador de Nucleoeléctrica Argentina con 14 años de antigüedad que enfrenta un proceso de despido tras sus denuncias públicas contra la política nuclear del gobierno de Javier Milei. El caso puso nuevamente en debate el futuro del sector atómico argentino.
Cristina Fernández de Kirchner recibió el viernes 20 de junio a Mariano Saleh en su domicilio de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Saleh es delegado sindical y trabajador de la Central Nuclear Atucha, y enfrenta un proceso de despido impulsado por Nucleoeléctrica Argentina. Desde ATE denunciaron persecución sindical y reclamaron su reincorporación, en un conflicto que lleva meses escalando y que la visita a la exmandataria volvió a instalar en la agenda pública.
Saleh se desempeñaba en el área de Química y Procesos y en los últimos meses había asumido funciones como delegado sindical. Según relataron desde el sector, participó activamente de las asambleas y movilizaciones realizadas en rechazo a los planes de privatización de la empresa. A partir de entonces, aseguró haber sufrido presiones y persecuciones por parte de la conducción de la compañía.
El propio trabajador explicó ante medios radiales que la empresa inició acciones judiciales para sortear la protección que le brinda su tutela sindical. Denunció que Nucleoeléctrica interpuso una medida cautelar en tiempo récord para impedirle físicamente el ingreso a su puesto de trabajo, aduciendo que el trabajador representaría un peligro para la seguridad de la planta nuclear, sin haberlo demostrado. En diálogo con Radio Provincia, Saleh confirmó que tiene prohibido el acceso al predio de Lima y señaló que «no han podido mostrar nada en mi contra, por eso van a una cautelar».
Las denuncias del delegado no se limitan a su situación personal. Trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica advirtieron que el gobierno avanza con un plan de despidos, con la desintegración del proyecto del reactor nuclear CAREM y con la parálisis de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén, que provee el material refrigerante para las centrales atómicas del país. Saleh fue uno de los primeros en alzar la voz sobre esa situación: denunció que el proyecto CAREM —un reactor de diseño íntegramente argentino que alcanzaba casi el 80% de avance de obra— fue frenado deliberadamente, y que más de 300 profesionales especializados ya abandonaron la empresa hacia el sector privado en lo que interpreta como una estrategia de desguace planificado.
El delegado también apuntó al desembarco en Nucleoeléctrica de funcionarios vinculados a Manuel Adorni, como la abogada Bárbara Pintelos, quien instruyó el sumario contra Saleh tras haber participado en el desmantelamiento de medios públicos como Télam y la TV Pública. Además, señaló el nombramiento de un joven militante de la agrupación Derecha Diario en una subgerencia con un salario que, según afirmó, supera diez veces el suyo pese a sus 14 años de trabajo en condiciones de exposición radiológica y química.
En declaraciones previas, Saleh había advertido que «hay un consenso entre la empresa y los sindicatos para avalar este plan de vaciamiento» y cuestionó que los gremios no estuvieran «a la altura» para defender a los trabajadores, quienes se encontrarían «a la mitad de las paritarias». El delegado calificó el proceso de privatización como «un negociado» en beneficio de «empresarios amigos del poder que nunca han invertido ni un peso» y sostuvo que las centrales nucleares «son de todos los argentinos».
El encuentro con Kirchner se produce en un momento de creciente conflictividad en el sector nuclear y tras la entrada en vigencia de la reforma laboral impulsada por el gobierno, que los sindicatos del área consideran un instrumento de disciplinamiento. Saleh anticipó que no dará marcha atrás: su objetivo inmediato es recuperar su puesto de trabajo, pero aseguró que seguirá denunciando lo que considera un plan de entrega de la industria atómica argentina.
