La Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas: salarios que perdieron el 35% de su poder de compra desde noviembre de 2023, proyectos clave detenidos por falta de financiamiento y una sangría de personal que no se detiene. El cuadro contradice el «Plan Nuclear Argentino» que el presidente anunció con pompa en febrero de 2025.
Hace poco más de un año, Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino con la promesa de convertir al país en un líder global en el uso pacífico de la energía atómica. La realidad que siguió a ese anuncio fue otra. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa hoy una profunda crisis institucional, con proyectos estratégicos paralizados, una pérdida constante de personal altamente calificado y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica.
La crisis adquirió estado público cuando 94 jefes y jefas de sectores del organismo, acompañados por los cuatro gremios que representan a los trabajadores —ATE CNEA, AT CNEA, AP CNEA y ATE Conicet—, firmaron una carta dirigida a las máximas autoridades de la institución, denunciando el incumplimiento sistemático de promesas, la ausencia de diálogo y la ruptura de una tradición institucional básica: presentarse en cada Centro Atómico al inicio de la gestión para exponer públicamente los planes de trabajo.
Los números que acompañan ese reclamo son difíciles de soslayar. Según datos aportados por la Asamblea de Trabajadores del Centro Atómico Bariloche, la planta de personal se redujo de 3.336 trabajadores en septiembre de 2025 a 3.205 en febrero de 2026, lo que implica más de cien puestos perdidos en apenas cinco meses. En un período algo más extendido —poco más de dos años—, la caída acumula 300 agentes. A esa sangría se suma la situación de 342 trabajadores con contratos trimestrales, a quienes los gremios califican como parte de un esquema de precarización inaceptable.
El motor principal de las renuncias es el deterioro salarial. Un trabajador de la CNEA que en septiembre de 2025 ganó un sueldo neto de $698.388, en proporción en noviembre de 2023 recibía $1.074.342, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 35%. Esa caída se inscribe en un deterioro mayor: la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, alertó que los bajos salarios están generando numerosas renuncias, lo que implica una preocupante pérdida de capacidades en un sector estratégico para el país.
El impacto presupuestario no se limita a los sueldos. Serquis advirtió que la falta de presupuesto ya está haciendo que algunos grandes proyectos tengan que detener trabajos ejecutados por subcontratistas: en el caso del reactor multipropósito RA-10, a cargo de INVAP, y en el del CAREM, a cargo de Nucleoeléctrica Argentina. En ambos casos ya se estaba despidiendo personal, y al momento de ese pronunciamiento al menos 169 personas habían perdido su trabajo.
Frente a las denuncias, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, anunció una reestructuración integral de la CNEA con el objetivo de corregir «ineficiencias históricas» y avanzar hacia un modelo con generación de ingresos propios. Sostuvo que el 50% del área nuclear son administrativos y que el organismo fue utilizado durante décadas como «aguantadero de la política», lo que derivó en una duplicación de la dotación de personal sin el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento. La respuesta de los trabajadores fue inmediata: la Asociación del Personal de la CNEA le retrucó que no existen en el mundo organismos de investigación y desarrollo que se autofinancien de manera directa e inmediata, porque trabajan para producir resultados a mediano y largo plazo.
El trasfondo de la crisis es también el avance hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país. A pesar de que NA-SA mantiene un superávit sostenido desde hace más de siete años —que al 30 de junio de 2025 implicó el 27,7% de sus ingresos—, el Gobierno lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023. La intención oficial es poner a la venta el 44% de sus acciones, en una operación que un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande y la Asociación de Técnicos de la CNEA calificó como cargada de un fuerte componente ideológico que agrava la desinversión en el sector y perjudicaría la soberanía energética y la capacidad del Estado para planificar e invertir.
Los gremios insisten en que lo que está en juego va más allá de los salarios o los contratos. Recuerdan que la CNEA es una institución estratégica con el mayor prestigio internacional y enumeran sus logros recientes: la construcción y puesta en marcha de Atucha II, la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, la construcción de centros de medicina nuclear y radioterapia en todo el país, la producción de radioisótopos, el desarrollo y exportación de reactores de investigación, y avances en tecnología satelital. Como señala una voz especializada en el sector, desmantelar los equipos es fácil; recomponerlos, muy difícil.
