El sector nuclear argentino concentra un creciente interés de capitales privados nacionales e internacionales, impulsado por el marco del RIGI, la apertura parcial de Nucleoeléctrica y proyectos como el reactor modular ACR-300 de Meitner Energy, aunque el proceso de privatización de la operadora estatal permanece frenado.
La energía nuclear atraviesa una nueva etapa en Argentina, con un esquema que busca incorporar capital privado para modernizar infraestructura, extender la vida útil de las centrales existentes y avanzar hacia una estrategia de expansión. El renovado interés inversor se apoya tanto en el contexto global como en una serie de iniciativas concretas que redefinen el rol del Estado y del sector privado en la industria atómica nacional. Las tres centrales atómicas del país —Atucha I, Atucha II y Embalse— aportan de forma consistentemente estable entre el 7% y el 8% de la energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión.
Las nuevas perspectivas de expansión se estructuran bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), y entre los objetivos inmediatos se encuentran financiar la extensión de vida útil de Atucha I —con un avance técnico superior al 50%— y la ampliación del almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II. En ese contexto, comenzaron a aparecer propuestas de empresas estadounidenses interesadas en el sector. Entre ellas, Nano Nuclear Energy manifestó interés en aportar capital a la estatal Dioxitek, con el objetivo de fortalecer el procesamiento de uranio en el país y ampliar su capacidad para abastecer mercados internacionales.
Por su parte, Meitner Energy —compañía conformada entre capitales estadounidenses e INVAP— presentó ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada de 1.200 millones de dólares para construir su primer reactor SMR, el ACR-300, en el complejo Atucha. Se trata de un desarrollo realizado por ingenieros argentinos que daría origen al primer proyecto First of a Kind (FOAK) de este diseño a nivel mundial, un paso considerado estratégico para la industria nuclear argentina y para su eventual proyección internacional.
Sin embargo, el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina —la operadora de las tres centrales— quedó en una suerte de pausa: el decreto que habilitó la venta del 44% de las acciones data de septiembre de 2025, pero fuentes del sector confirmaron que el proceso no avanzará durante 2026. La polémica por la concesión de las represas del Comahue reavivó el debate sobre la entrega de activos estratégicos , y desde la oposición se multiplican los pedidos de informes sobre el alcance del acceso que tendría un eventual inversor privado a información técnica sensible.
A nivel global, China cuenta con 61 reactores comerciales en operación y otros 39 en construcción, mientras que en Estados Unidos la creciente demanda eléctrica asociada a los centros de datos y a la inteligencia artificial está impulsando nuevas inversiones en generación nuclear, una fuente que está dejando de ser considerada únicamente una tecnología de seguridad energética para convertirse en una alternativa frente al crecimiento de la demanda.
En ese marco, el Ejecutivo argentino presentó en mayo de 2026 los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, un documento que establece un cambio conceptual de fondo: la prioridad ya no estará puesta únicamente en la generación de electricidad o el desarrollo científico, sino en convertir al complejo nuclear en una fuente de exportaciones y divisas. La concreción de esa agenda dependerá, en buena medida, de la capacidad del gobierno de desbloquear los procesos administrativos pendientes y de generar certezas para los inversores que ya mostraron interés en el sector.
