El crecimiento de la generación eléctrica no fue acompañado por una expansión equivalente de la infraestructura de transmisión. El Gobierno lanzó un plan de US$6.600 millones para sumar más de 5.600 kilómetros de líneas y busca que el sector privado financie las obras. El desafío será evitar que el cuello de botella de la red limite el desarrollo de Vaca Muerta, la minería, las renovables y nuevos grandes consumidores.
Argentina atraviesa una paradoja energética: el país dispone de recursos para aumentar de manera significativa su generación eléctrica, pero la infraestructura necesaria para trasladar esa energía hacia los principales centros de consumo se encuentra cada vez más exigida. El problema ya no pasa solamente por generar electricidad suficiente, sino por contar con las líneas de alta tensión capaces de llevarla hasta donde se necesita.
El diagnóstico fue expuesto en un informe privado elaborado por Criteria y coincide con una preocupación que en los últimos meses comenzó a ocupar un lugar central en la agenda energética. Argentina cuenta con gas de Vaca Muerta, potencial hidroeléctrico, recursos eólicos y solares, reservas de litio y cobre y generación nuclear, pero buena parte de ese potencial puede quedar limitado si la red de transporte no crece al mismo ritmo que la oferta y la demanda.
La magnitud del atraso se observa al comparar la evolución del consumo con la expansión de la infraestructura. Según datos difundidos por el Gobierno al anunciar las nuevas obras, durante la última década la demanda residencial de electricidad aumentó alrededor de 20%, mientras que la extensión de las líneas de transporte de alta tensión avanzó apenas 8%. Esa diferencia generó restricciones en distintos puntos del sistema y redujo el margen disponible para incorporar nuevos consumos.
La tensión de la red quedó expuesta durante el verano. El 15 de enero de 2026, cuatro líneas de 220 kV de la estación Morón quedaron fuera de servicio durante una jornada de temperaturas elevadas. El episodio provocó una pérdida instantánea cercana a los 3.000 MW y afectó el suministro de unos 800.000 usuarios de Edenor. Si bien la mayor parte del servicio pudo ser recuperada rápidamente, el incidente puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El sistema eléctrico argentino está integrado en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), cuya red troncal cuenta con aproximadamente 20.300 kilómetros de líneas. De ese total, unas 14.200 kilómetros corresponden a tendidos de 500 kV, la infraestructura fundamental para transportar grandes volúmenes de electricidad a largas distancias. Transener es la principal empresa encargada del transporte en alta tensión, junto con operadores regionales que completan la red.
El problema es que durante años las inversiones en transmisión quedaron rezagadas respecto del crecimiento de la demanda y de la incorporación de nueva generación. De acuerdo con el análisis citado por Ámbito, la última gran ampliación nacional de la red se completó en 2017, mientras que en el AMBA la última obra de relevancia había sido finalizada una década antes.
La situación adquiere mayor relevancia porque el país está intentando aprovechar nuevos motores de crecimiento que demandarán grandes cantidades de electricidad. La minería es uno de ellos: un estudio de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) estimó que, si se concretan los proyectos actualmente en cartera, el consumo eléctrico del sector podría pasar de 1.256 GWh en 2024 a 6.630 GWh en 2034, un incremento superior al 400%.
San Juan constituye uno de los ejemplos más claros. La expansión de los proyectos de cobre requiere ampliar la capacidad de transporte para garantizar el suministro. A fines de julio, el regulador aprobó la ampliación a 500 kV del corredor Nueva San Juan-Rodeo, una infraestructura vinculada al desarrollo de Josemaría. El proyecto contempla una inversión de aproximadamente US$800 millones y tendrá prioridad de utilización para la iniciativa minera.
Vaca Muerta también enfrenta el desafío. El desarrollo de nuevos proyectos industriales y petroleros implica un aumento del consumo eléctrico y, en determinados casos, las empresas comenzaron a evaluar soluciones de generación propia para no depender exclusivamente de una red que presenta restricciones. El informe de Criteria menciona, por ejemplo, la utilización de equipos de fractura eléctricos cuya demanda puede alcanzar decenas de megavatios por cada unidad operativa.
Al mismo tiempo, el crecimiento de las energías renovables genera una paradoja adicional. La expansión de parques eólicos y solares permite sumar generación, pero buena parte de esos recursos se encuentra alejada de los grandes centros urbanos e industriales. Sin nuevas líneas, una mayor capacidad instalada no necesariamente se traduce en una mayor cantidad de electricidad efectivamente disponible para los consumidores.
Los datos de generación muestran el potencial existente. Durante 2024, el gas natural representó cerca de la mitad de la generación eléctrica argentina, mientras que la hidroelectricidad aportó aproximadamente una cuarta parte, seguida por la energía eólica, la nuclear y otras fuentes. Hacia diciembre de 2025, las renovables llegaron a cubrir el 19,6% de la demanda eléctrica, con una potencia instalada cercana a los 7.000 MW entre parques eólicos y solares.
Frente a este escenario, el Gobierno puso en marcha un programa de expansión del transporte eléctrico que contempla 16 proyectos y más de 5.610 kilómetros de nuevas líneas. El programa representa una ampliación cercana al 38% respecto de la red troncal existente y prevé inversiones por unos US$6.600 millones, con un esquema que busca trasladar el financiamiento y la ejecución al sector privado mediante concesiones de largo plazo.
La primera obra del programa es AMBA I, para la que el Gobierno abrió una licitación por unos US$800 millones. El proyecto contempla alrededor de 270 kilómetros de nuevas líneas en distintos niveles de tensión, una estación transformadora en Plomer y sistemas de compensación destinados a reforzar la red metropolitana. Una vez terminada, la infraestructura permitiría incorporar aproximadamente 2.000 MW adicionales de capacidad de abastecimiento al AMBA.
La iniciativa también representa un cambio en el mecanismo tradicional de financiamiento de las grandes obras de transporte. El esquema diseñado por la Secretaría de Energía busca que los privados aporten el capital, con contratos de largo plazo y mecanismos destinados a reducir los riesgos de las inversiones. EconoJournal señaló que AMBA I funcionará además como una primera prueba para un modelo que pretende atraer capital privado a un segmento que históricamente tuvo dificultades para generar inversiones de esta magnitud.
Sin embargo, el plan no resolvería por sí solo todas las necesidades del sistema. Las estimaciones citadas por Criteria ubican en torno a US$10.000 millones el requerimiento total de inversiones en generación, transporte y almacenamiento, por lo que el programa anunciado representa un paso importante, pero todavía deja por delante una brecha considerable.
El desafío, entonces, dejó de ser únicamente aumentar la producción de energía. Argentina necesita conseguir que esa electricidad pueda circular por una red suficientemente robusta y llegar a los lugares donde se concentran la población, la industria y los nuevos proyectos de inversión. La disponibilidad de gas, viento, sol, agua, minerales y capacidad nuclear puede convertirse en una ventaja económica de gran escala, pero sin cables, estaciones transformadoras y capacidad de transporte suficiente, una parte de ese potencial seguirá sin poder aprovecharse plenamente.
