La Comisión Nacional de Energía Atómica atraviesa su momento más crítico en décadas tras la confirmación de decenas de bajas laborales. Mientras el Gobierno habla de 61 contratos a plazo fijo que no se renuevan y de un recorte del 57,8% en la estructura jerárquica, los gremios denuncian entre 100 y 350 desvinculaciones que alcanzan a técnicos, profesionales y administrativos de la sede central, Bariloche y Ezeiza. ATE tomó el edificio de Núñez el martes 30 de junio y hubo presencia de Gendarmería para desalojar la protesta.
La tensión en la Comisión Nacional de Energía Atómica escaló este martes 1 de julio, cuando cientos de trabajadores contratados recibieron por el sistema de Gestión Documental Electrónica la notificación de que sus vínculos laborales vencían el 30 de junio, sin garantías de continuidad. Las cifras varían según la fuente: el Ejecutivo reconoció la no renovación de 61 contratos de plazo fijo firmados en 2023, mientras que delegados de ATE y de la Asociación de Profesionales de la CNEA informaron entre 100 y 170 bajas solo en la sede central de Núñez, y elevaron el total a cerca de 350 si se suma al personal afectado en el Centro Atómico Bariloche y en Ezeiza.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, encuadró la medida en el plan de ajuste del Estado y aseguró que la CNEA redujo su planta jerárquica de 645 a 272 cargos, un 57,83% menos. Según la versión oficial, los 61 contratos que no continúan corresponden en su mayoría a asistentes administrativos sin estudios terciarios, y no hubo bajas de ingenieros nucleares ni del plantel técnico especializado. Además, remarcó que desde el inicio de la gestión ya se dieron de baja 71.025 empleos públicos y que solo en mayo se eliminaron 3.014 puestos.
Los gremios, en cambio, sostienen que las desvinculaciones alcanzan a “profesionales, técnicos y administrativos altamente capacitados” que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino, con antigüedades de más de diez años en muchos casos. Denuncian que la decisión contradice el compromiso asumido por las autoridades el pasado 5 de junio, durante el acto por el aniversario de la CNEA, de renovar todos los contratos hasta fin de año. La Asociación de Profesionales de la CNEA calificó la medida como un “vaciamiento y desmantelamiento institucional” que pone en riesgo proyectos estratégicos.
Dónde impacta el recorte
Las notificaciones se concentraron en tres puntos clave del organismo:
– Sede Central, Núñez (CABA): entre 100 y 170 trabajadores contratados fueron cesados. La protesta derivó en la toma del edificio por parte de ATE y en un operativo de Gendarmería que valló el acceso a la oficina del presidente de la CNEA, Martín Porro, quien luego fue retirado escoltado por la fuerza entre abucheos.
– Centro Atómico Bariloche: fuentes sindicales reportaron que no se renovaron entre 62 y 70 contratos, lo que afectaría tareas de investigación y servicios para la industria nuclear.
– Centro Atómico Ezeiza: los empleados realizaron un “aplausazo” en repudio. Por ahora no se precisó la cantidad exacta de bajas en esa dependencia, pero los gremios incluyeron a la planta en la convocatoria a movilizarse este miércoles 2 de julio a las 9 a la sede central bajo las consignas “No al vaciamiento” y “Renovación de todos los contratos”.
Perfiles de los despedidos
El Gobierno sostiene que 42 de los 61 contratos no renovados pertenecen a personal con estudios primarios o secundarios, sin formación terciaria. Los sindicatos, por su parte, afirman que entre los afectados hay técnicos especializados, investigadores y personal que opera instalaciones críticas. También advirtieron que, por los bajos salarios, en el último período ya renunciaron unos 500 trabajadores, por lo que los despidos agravarían la pérdida de recursos humanos formados.
Respuesta gremial y clima interno
ATE denunció que las autoridades se negaron a recibir a los delegados y que la Gendarmería, que ya tenía presencia en las plantas por el contexto internacional, incrementó sus controles e incluso revisó viandas de los trabajadores. El sindicato mantiene la ocupación de la sede central hasta lograr la reincorporación y exige el cese de las políticas de ajuste sobre el sector científico.
El conflicto en la CNEA se da en paralelo a un programa de reducción del empleo público que, según datos oficiales, alcanzó a organismos como FAdeA, ANSES, PAMI, INTA e INCAA, y que incluyó 3.983 retiros voluntarios. Para el Ejecutivo, la medida forma parte de un “ahorro fiscal” y de la eliminación de estructuras que considera sobredimensionadas. Para los trabajadores y la comunidad científica, representa un golpe a la continuidad de proyectos nucleares con décadas de inversión estatal.
