La paralización del CAREM, el reactor modular argentino más avanzado, abrió un nuevo frente de conflicto alrededor de la política nuclear de Javier Milei, entre denuncias por vaciamiento estatal, pérdida de capacidades técnicas y el avance de proyectos privados con capital extranjero. Mientras el prototipo se deteriora en Lima, provincia de Buenos Aires, el Gobierno impulsa un esquema que prioriza la inversión privada y reconfigura el papel del Estado en un sector estratégico.
El proyecto que se oxida
El CAREM 25 fue concebido como el primer reactor modular pequeño diseñado y construido íntegramente en Argentina, pero hoy su obra quedó detenida y expuesta al abandono, con sectores inundados, equipamiento sensible a la intemperie y contratos frenados. Cuando Milei llegó a la presidencia la obra civil estaba avanzada en torno al 80% y el desarrollo total rondaba el 65%, aunque ya no tiene fecha cierta de reactivación.
Ese cuadro no solo implica una obra paralizada, sino también la pérdida de años de inversión pública y de conocimiento acumulado por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En paralelo, el Gobierno anunció a comienzos de julio un proyecto privado para construir un reactor modular de 300 megavatios en Atucha, presentado por Meitner Energy Latam ante el equipo económico y el área nuclear oficial. La iniciativa prevé una inversión estimada en US$1.200 millones, capitales estadounidenses y una tecnología basada en una patente argentina, con la promesa de generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo durante el desarrollo, la construcción y la operación.
Ese anuncio fue interpretado como una señal del giro oficial hacia un esquema de financiamiento privado para la energía nuclear, en línea con el marco de incentivos a grandes inversiones que el Ejecutivo busca promover. El proyecto se presenta como una apuesta por un reactor de 300 megavatios, mientras convive con recortes presupuestarios y tensiones laborales en el sector atómico.
Tensiones y denuncias
La discusión sobre el CAREM se inscribe en un contexto de ajustes en la Comisión Nacional de Energía Atómica y de advertencias de especialistas sobre la pérdida de capacidades estratégicas. En la misma línea, se han registrado despidos, reducción de equipos y alarma gremial en el área nuclear, con impacto sobre proyectos como el CAREM y también sobre otras áreas sensibles del organismo. El debate dejó de ser solo técnico y pasó a ser político: para críticos del rumbo oficial, el país corre el riesgo de resignar una de sus pocas plataformas de desarrollo científico-industrial de escala global.
Qué está en juego
Más allá de la disputa inmediata, el conflicto expone dos modelos de país: uno apoyado en la inversión estatal de largo plazo y otro basado en asociaciones con capital privado y una mayor apertura a actores externos. En esa tensión, el CAREM se convirtió en el símbolo más visible de una controversia que ya excede a una obra puntual y alcanza a la soberanía tecnológica argentina.
También quedó en el centro del debate el futuro de la capacidad nacional para diseñar, producir y operar tecnología nuclear compleja sin depender de decisiones ajenas al sistema científico local. En un sector donde los plazos son largos y la formación de recursos humanos lleva años, la pérdida de continuidad puede resultar más costosa que la paralización de una obra.
