La venta parcial de la compañía estatal que opera las centrales Atucha y Embalse, habilitada en septiembre de 2025, enfrenta obstáculos económicos y políticos que postergan su avance. Fuentes del sector confirman que el proceso permanece en pausa y no se espera que prospere durante 2026.
El gobierno de Javier Milei ha dejado en suspenso la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Aunque el decreto 695/2025, firmado en septiembre de 2025, estableció formalmente la venta de ese paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, el proceso no avanza y quedó relegado de la agenda oficial de privatizaciones que el Ejecutivo impulsa con prioridad en otros frentes.
Según confirmaron fuentes del sector energético y exfuncionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) consultados en reserva, la operación se encuentra en una suerte de pausa técnica y política, sin cronograma definido ni compradores a la vista. Los obstáculos principales radican en la compleja valuación de la empresa y en las restricciones que el Congreso introdujo sobre el alcance de la privatización, que obligan al Estado a conservar el control mayoritario de la compañía.
El esquema aprobado reserva el 51% de las acciones para el Estado Nacional, mientras que hasta un 5% adicional está destinado a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada, una figura similar a la utilizada durante las privatizaciones de la década de 1990. Esta estructura, aunque habilitada por la Ley Bases, ha generado dudas entre potenciales inversores sobre el margen de maniobra que tendrían en la gestión estratégica de una empresa considerada clave para la soberanía energética argentina.
La postergación de Nucleoeléctrica se produce en un contexto más amplio de reconfiguración del plan de privatizaciones del gobierno. Mientras el equipo económico acelera la venta de participaciones estatales en centrales termoeléctricas, AySA e Intercargo —con el objetivo de recaudar unos 1.000 millones de dólares para cubrir vencimientos de deuda—, los activos nucleares, junto con Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA, permanecen sin fecha concreta de apertura al capital privado.
La situación de NA-SA contrasta con otros casos del programa de transferencias, como el de Transener, cuya privatización ya se concretó y generó controversia por el reparto de dividendos acumulados entre los nuevos dueños. En el caso nuclear, la pausa parece responder tanto a consideraciones técnicas —la valuación de una empresa con activos de alta complejidad y largo plazo de retorno— como a sensibilidades políticas reavivadas tras la polémica por la concesión de las represas del Comahue, adjudicadas a socios cercanos al círculo oficial.
A casi un año de la decisión original, Nucleoeléctrica Argentina no figura entre las operaciones que concentran la atención inmediata del Ejecutivo. Los analistas del sector coinciden en que, de mantenerse las condiciones actuales, es poco probable que el proceso de privatización parcial prospere durante 2026, dejando el futuro de la participación privada en el núcleo duro del sistema eléctrico argentino en un limbo que podría extenderse más allá del presente año electoral.
