lunes 13 de abril de 2026
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Riesgo para la industria nuclear: la decisión del intendente de Córdoba amenaza 150 empleos y la producción de uranio

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, rechazó la prórroga de ocho años solicitada por Dioxitek para operar en Alta Córdoba, lo que genera alarma por el posible cierre de la planta clave para el combustible nuclear argentino y la pérdida de puestos especializados.

La controversia estalló cuando el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, calificó de «inadmisible» el pedido de extensión de la habilitación para la planta de Dioxitek S.A., ubicada en el barrio Alta Córdoba, una medida que pone en jaque no solo la continuidad operativa sino también unos 150 empleos de técnicos nucleares y químicos altamente calificados. Esta empresa, con participación estatal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Ministerio de Economía y la provincia de Mendoza, es la única en el país capaz de purificar uranio y producir dióxido de uranio, insumo esencial para el combustible de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. En 2025, la planta alcanzó un récord de producción cercano a las 190 toneladas, demostrando su viabilidad técnica pese a las tensiones urbanas y políticas.

Los trabajadores y especialistas del sector nuclear advierten que un cierre abrupto no implicaría una mera relocalización, sino la interrupción del ciclo del combustible argentino, obligando a importar el material y erosionando la autonomía tecnológica construida durante décadas. El municipio propone trasladar las operaciones a Formosa, donde una nueva planta está en construcción, pero esta no se encuentra finalizada, y la prórroga buscaba precisamente ganar tiempo para una transición ordenada bajo la supervisión de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Además del impacto directo en los empleados, el conflicto amenaza a una red de pymes proveedoras en Córdoba y Mendoza, amplificando las consecuencias económicas y sociales.

El debate trasciende lo local al confrontar planificación urbana con soberanía energética, en un contexto de pulseada entre el municipio y el Gobierno nacional por fondos y responsabilidades, mientras los afectados reclaman una solución que preserve tanto los puestos de trabajo como el rol estratégico de Dioxitek en la matriz nuclear del país.