En una reciente publicación el director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro Nuclear español, Antonio González, destacó el rol activo de la industria nuclear en la transición hacia las metas a 2050 y advierte que un cierre anticipado de las centrales supondrá un incremento en el coste de generación.
Energía nuclear para una transición justa y ecológica
La industria nuclear española coincide con los planteamientos del nuevo Gobierno en cuanto a que han de alcanzarse los objetivos de descarbonización de la economía, tal como se establece en los acuerdos internacionales (“Clean energy for all Europeans” de la Comisión Europea y Acuerdo de París COP21 de las Naciones Unidas). Aunque las fuentes renovables tendrán un papel protagonista en un futuro a medio-largo plazo –horizonte 2050-, en este contexto la industria nuclear defiende y pone en valor el papel que la energía nuclear ha de jugar en la forma de transitar el camino para alcanzar esos objetivos.
El funcionamiento de nuestro parque nuclear –formado por siete reactores en cinco emplazamientos- es modélico desde el punto de vista de la operación, tal como demuestran sus indicadores de funcionamiento globales, que han estado en los últimos años por encima de los de la media mundial. Y, lo que es más importante, desde el punto de vista de su seguridad, tal como demuestra el Sistema Integrado de Supervisión de las Centrales Nucleares (SISC) del Consejo de Seguridad Nuclear.
Energía nuclear, necesaria en la transición energética
La energía nuclear es una tecnología que necesariamente va a formar parte de la transición ecológica en nuestro país, por razones de garantía de suministro, liderazgo en el funcionamiento del sistema eléctrico, respeto ambiental y competitividad, constituyendo un bien básico, esencial y continuo para el bienestar de la sociedad y la actividad de nuestra economía.
El parque nuclear español genera cada año más de 55.000 GWh de electricidad –por encima del 20% de la consumida y de cualquier otra fuente en el sistema-, con un factor de carga históricamente superior al 85%, suponiendo un funcionamiento medio anual cercano a las 8.000 horas garantizando la potencia y la energía necesarias firmes, fiables y en base.
Los análisis de sensibilidad del escenario base del informe “Análisis y propuestas para la descarbonización” de la Comisión de Expertos de Transición Energética indican que un cierre anticipado del parque nuclear existente supondría un incremento del coste de generación anual de entre 2.000 y 3.200 millones de euros, lo que encarecería la factura de los consumidores domésticos e industriales.
No puede olvidarse que más de 27.500 personas trabajamos en el sector nuclear de forma directa, indirecta e inducida, con estabilidad y calidad en el empleo. La cualificación del personal, la experiencia acumulada y la inversión en programas de I+D permiten a la industria nuclear española tener prestigiosa presencia en más de 40 países del mercado internacional.
Además, las centrales nucleares funcionan gracias al proceso físico de la fisión del átomo de uranio, por lo que no emiten CO2. La producción eléctrica de origen nuclear supone cerca del 40% de la electricidad libre de emisiones generada en el país, evitando cada año la emisión de más de 30 millones de toneladas de CO2, aproximadamente el 10% del total de las emisiones generadas en España por cualquier actividad.
Los compromisos medioambientales hacen que haya que alcanzar el año 2050 con la perspectiva de cero emisiones. Pero, para seguir contando con la contribución de la energía nuclear, es necesario asegurar su viabilidad económico-financiera durante el tiempo en el que se produzca la transición energética, con una suficiencia de ingresos que permita compensar los costes operativos y las inversiones que sean necesarias para seguir operando de forma segura las centrales nucleares.
Distintos mecanismos pueden implementarse para alcanzar la suficiencia de ingresos, pero es fundamental la revisión a la baja de la carga fiscal a la que están sometidas las plantas: el conjunto del parque destina del orden de 1.000 millones de euros anules –cerca del 40% de su facturación por la producción de electricidad- a tributos, cánones y tasas. Esto hace que la generación nuclear no alcance rentabilidad en el sistema actual.
La continuidad de la operación del parque nuclear actual debe tener también en cuenta un plan de cierre ordenado que minimice las consecuencias para el sistema eléctrico y que contenga los costes de la segunda parte del ciclo de combustible nuclear y del desmantelamiento y clausura de las instalaciones. Pero la transición energética no ha de ser únicamente ecológica, sino también justa desde el punto de vista económico y social.
Puesto que el inicio de la operación comercial de los siete reactores en operación se concentró en cinco años –entre 1983 y 1988-, un escenario en el que todos cerrasen con un mismo número de años de operación, por ejemplo 40 años, concentraría las fechas de cese igualmente en un periodo de cinco años, provocando una acumulación de actividades relacionadas con su desmantelamiento y con la gestión del combustible irradiado.
Una gestión eficiente del parque nuclear debe conducir a una planificación escalonada del cese de operación de las centrales cada dos o tres años, lo que permitiría su cierre ordenado en un plazo de 13 a 20 años. Este planteamiento llevaría a un plazo de funcionamiento diferente para cada uno de los siete reactores, de tal manera que la media del conjunto del parque se situaría en el entorno de los 52 años.
Por todo ello, la producción eléctrica de origen nuclear debe mantener su participación en el sistema eléctrico como energía libre de CO2 y elemento de contención de costes en la factura eléctrica, constituyendo un pilar imprescindible en la garantía de suministro para todos los consumidores y en la transición justa y ecológica que debe ponerse en marcha en nuestro país.
