El complejo minero mendocino, paralizado desde mediados de los años 90, recibió una recorrida de alto nivel encabezada por autoridades nacionales y provinciales. La reactivación, que combina la remediación de pasivos ambientales con una futura concesión privada, busca posicionar al país como proveedor de uranio en un mercado mundial revitalizado por la demanda energética de la inteligencia artificial y la transición hacia fuentes limpias.
La historia del uranio en la Argentina tiene un nuevo capítulo. Después de casi tres décadas de silencio industrial, el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada, ubicado en el departamento de San Rafael, Mendoza, volvió a ser el centro de una estrategia que amalgama saneamiento ambiental, geopolítica y oportunidades de negocio. Lo que durante años fue un pasivo judicial y social, hoy se reconfigura como un activo estratégico en un contexto global donde la energía nuclear recupera protagonismo y el uranio cotiza con proyecciones firmes al alza.
El movimiento no es menor. Hace pocos días, una comitiva liderada por el secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, junto a la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y la subsecretaria de Política Nuclear, Ayelén Giomi, recorrió las instalaciones del yacimiento. El objetivo formal de la visita fue auditar las obras de remediación que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) viene ejecutando en el predio. Pero el mensaje que trascendió las puertas de la antigua cantera fue mucho más ambicioso: la Argentina se prepara para volver a producir uranio después de más de 30 años de parálisis absoluta.
Sierra Pintada no es un yacimiento cualquiera. Considerado uno de los depósitos de uranio más importantes del país, operó entre las décadas de 1970 y mediados de los 90, y llegó a producir alrededor de 1.600 toneladas del mineral. En su momento de mayor actividad, extraía 120 toneladas anuales para abastecer las centrales nucleares argentinas. Su cierre, durante la presidencia de Carlos Menem, respondió a una caída de los precios internacionales y a un cambio de estrategia que llevó al país a depender de importaciones de uranio, principalmente desde Kazajistán.
Pero el cierre dejó una herencia compleja. El método de extracción a cielo abierto y el procesamiento in situ generaron volúmenes considerables de residuos radiactivos que permanecen en el lugar. Entre los materiales identificados figuran radio-226, torio-230 y plomo-210, pero el componente más crítico es la generación continua de radón-222, un gas de difícil contención. El pasivo más emblemático son los 5.000 tambores con residuos de uranio que fueron enterrados durante los años 90, antes de que existiera la legislación ambiental específica.
Hoy, la hoja de ruta oficial plantea un giro pragmático: la nueva etapa de producción privada será la que ayude a financiar la remediación definitiva. Las obras civiles orientadas a la mitigación ambiental están en su fase de finalización, e incluyen sistemas de tuberías y filtrado, diques de decantación y un área de remediación biológica mediante riego con agua residual tratada. Completar esta etapa inicial es, según fuentes oficiales, la «condición previa» exigida por las normativas mendocinas para habilitar los pliegos de una futura licitación. Una vez que un operador privado tome la concesión, el proceso de limpieza de los viejos pasivos se volverá permanente y correrá en paralelo con la nueva explotación comercial del yacimiento.
Sin embargo, el camino no es lineal. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Rafael denunció públicamente la paralización de las obras de remediación por falta de presupuesto de la CNEA para adquirir insumos y pagar servicios. Los trabajadores advirtieron que los especialistas estiman en al menos siete años el tiempo necesario para completar el saneamiento bajo estándares de seguridad adecuados. El gremio fue categórico: no puede haber explotación posible si previamente no se realiza la remediación de aguas de cantera y residuos sólidos.
A pesar de estos escollos, el contexto internacional empuja en dirección opuesta. Tras años de ostracismo posterior al desastre de Fukushima, la energía nuclear vive un renacimiento global. A la transición energética tradicional se sumó en el último año un catalizador inesperado: la revolución de la inteligencia artificial. Los centros de datos que alimentan los sistemas de IA demandan electricidad de manera ininterrumpida, y ante la intermitencia de las renovables, las grandes tecnológicas están firmando contratos directos con centrales nucleares. En este escenario, poseer reservas probadas de uranio e infraestructura preexistente convierte a Sierra Pintada en un activo de alto valor geopolítico.
«El mundo vuelve a mirar a la energía nuclear y Argentina tiene todo para aprovechar ese momento. Sierra Pintada es parte de eso: ordenamos el sitio, avanzamos con la remediación y abrimos la puerta a volver a producir uranio en Mendoza», afirmó Ramos Napoli durante la recorrida. La CNEA ya anunció su intención de firmar acuerdos con empresas privadas antes de finalizar 2026 para reactivar la minería. «Conocemos bastante bien dónde hay uranio. Hay varios proyectos; uno podría ser la reactivación de Sierra Pintada, otro empezar con la factibilidad de Cerro Solo», declaró el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle.
El potencial es indiscutible. Sierra Pintada concentra más de 6.000 toneladas de uranio disponibles y cuenta con infraestructura instalada, incluyendo uno de los pocos laboratorios del país con capacidad para analizar uranio y radio en agua, suelo y sedimentos. Argentina importa uranio mientras posee reservas propias de enorme potencial sin explotar. Pero la discusión no es meramente técnica. La minería de uranio es un tema sensible en Mendoza, una provincia con una historia de fuerte debate público en torno a la actividad minera, el agua y los controles ambientales. Cualquier avance deberá sostenerse con información clara, monitoreo permanente, auditorías externas y diálogo con la comunidad.
Por el momento, el Ejecutivo nacional se ha llamado a silencio respecto a los plazos específicos para el llamado a licitación internacional. El proceso requiere minuciosidad extrema. La planta de tratamiento original fue reacondicionada y hoy opera exclusivamente procesando residuos históricos. Transformar ese complejo en un nodo productivo eficiente requerirá inversiones de escala que el Estado no está en condiciones de afrontar, derivando la responsabilidad total al sector privado mediante contratos de concesión a largo plazo.
Sierra Pintada muestra así uno de los grandes desafíos de la minería argentina: cómo compatibilizar recursos estratégicos con exigencias ambientales y sociales. El uranio puede ser importante para la energía nuclear, pero el desarrollo de cualquier proyecto debe partir de una condición básica: resolver primero los pasivos ambientales y garantizar controles estrictos. La licencia social no se construye con anuncios, sino con datos, monitoreo, auditorías y participación. En Mendoza, ese punto será determinante para que el yacimiento que fue símbolo de un pasado contaminado se convierta, finalmente, en la puerta de entrada al futuro energético del país.
