viernes 17 de julio de 2026
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Uranio en Mendoza: la vieja promesa que vuelve con capitales canadienses y el impulso de la Casa Rosada

Después de casi treinta años sin producción propia, la provincia reaparece en la agenda nuclear por la reactivación del histórico yacimiento Huemul en Malargüe. El proyecto, liderado por la canadiense Jaguar Uranium y enmarcado en un acuerdo con Washington, se cruza con la decisión del gobierno de Javier Milei de volver a minar uranio para abastecer las centrales locales y buscar un lugar en el mercado global.

Mendoza mantiene con el uranio una relación larga pero intermitente, más cercana al potencial que a los resultados concretos. El primer hallazgo argentino se registró en 1946 en Las Heras, donde nacieron las minas Soberanía e Independencia, y cinco años después se inscribió a nombre del Estado el depósito Papagayos. Esa tradición se consolidó en San Rafael con Sierra Pintada, hasta que en 1997 cerró la última operación y el país dejó de producir concentrado. Desde entonces, todo lo que consumen Atucha I, Atucha II y Embalse llega del exterior.

La interrupción no fue geológica sino política y económica. A mediados de los noventa, con precios internacionales deprimidos y el eco todavía presente de Chernobyl, se suspendió la minería y la producción de concentrados comerciales. Una tesis de Facundo López Canton citada en la prensa local recuerda que a partir de ese momento la Argentina pasó a importar la totalidad del uranio que necesita para fabricar combustible. En números, entre 1952 y 1997 se habían extraído unas 2.600 toneladas en el país, y luego la actividad se apagó por casi veinte años.

El gobierno de Milei intenta revertir esa historia. En diciembre de 2025 creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, bajo el Ministerio de Economía, y puso al frente a Federico Ramos Napoli, de 31 años y ex titular de Dioxitek. El funcionario plantea que el sector acumula 75 años de inversión estatal sin escala industrial, y que ahora el objetivo es rentabilizar ese capital. En entrevistas recientes sostuvo que la Argentina está en condiciones de convertirse en la “Arabia Saudita del uranio” porque conserva el conocimiento para transformar el yellowcake en dióxido y, eventualmente, en hexafluoruro, mientras el mundo tiene 65 reactores en construcción que demandarán combustible. Esa visión quedó plasmada en el documento “Directrices para la Política Nuclear Argentina 2026”, que fija como prioridades las exportaciones de alto valor agregado, la seguridad energética, la preservación tecnológica y el liderazgo regional.

En ese marco reaparece Mendoza. La canadiense Jaguar Uranium Corp. anunció el inicio formal de exploración en Huemul, un distrito de 27.700 hectáreas en Malargüe que alberga la primera mina de uranio que tuvo el país. Operada por la CNEA entre 1955 y 1975, la mina procesó unas 130.000 toneladas de mineral con leyes históricas de 0,21% de uranio, 2% de cobre y 0,11% de vanadio, lo que le da un perfil polimetálico poco común. El 4 de marzo la compañía firmó un convenio con el Ministerio de Energía y Ambiente provincial para asistencia técnica, intercambio de información y coordinación ambiental, con vigencia inicial de un año.

El proyecto no se mueve solo por iniciativa privada. El 4 de febrero de 2026, en Washington, Estados Unidos y Argentina suscribieron un Instrumento Marco para asegurar el suministro de minerales críticos. El encuentro, encabezado por el secretario de Estado Marco Rubio, abrió la puerta a financiamiento de organismos como el EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) para iniciativas que cumplan requisitos de elegibilidad. Jaguar considera que Huemul encaja en ese esquema precisamente por su historia productiva y por concentrar uranio, cobre y vanadio en un mismo distrito, lo que reduce el riesgo frente a proyectos greenfield.

La expectativa económica, sin embargo, es moderada. La CNEA estima que la Argentina dispone de 33.780 toneladas de uranio recuperables a un costo de hasta 130 dólares por kilo, un volumen que, al ritmo de consumo actual de unas 220 toneladas anuales para las tres centrales, alcanzaría para unos 150 años. Otras lecturas, citadas en la prensa mendocina, hablan de un horizonte cercano a 70 años. En cualquier caso, las reservas son acotadas frente a los gigantes Australia, Kazajistán y Canadá, y la producción histórica ha sido suficiente apenas para una fracción de la demanda interna. Por eso, más que un boom exportador inmediato, los especialistas ven en el uranio un activo estratégico: garantizar el abastecimiento, sostener empleo calificado y apuntalar la cadena de valor nuclear que va de la mina a la fabricación de combustible en Dioxitek, que en 2025 alcanzó un récord de 190 toneladas de dióxido de uranio.

Mendoza, que además observa con atención el futuro de Sierra Pintada en San Rafael y sigue de cerca el avance de Jaguar en Laguna Salada, Chubut, vuelve así a ocupar un lugar en un tablero que combina geopolítica, transición energética y necesidad de divisas. No es una fuente que por sí sola vaya a cambiar el PBI provincial, pero sí puede devolverle al país algo que perdió en los noventa: la capacidad de decidir sobre su propio combustible nuclear.