España anuncia el cierre de Garoña, su central nuclear más antigua

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España denegó la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (ubicada en Valle de Tobalina, Burgos), la más antigua del país.

Esta decisión llega seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitiera el aval para la reapertura de la central, lo que permitiría su reactivación hasta el año 2031 bajo la condición de que se realicen una serie de inversiones para mejorar la seguridad de la planta.

De esta manera, el máximo órgano de seguridad nuclear en España avaló el mantenimiento de Garoña hasta 60 años después de su apertura, que data de 1971. Sin embargo, la decisión fue rechazada por todos los grupos políticos con excepción del partido del Gobierno.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, informó que la oposición política es uno de los principales motivos para denegar la reapertura de la central por la falta de incertidumbre sobre su situación en el futuro ante un eventual cambio de Gobierno.

Además, el ministro explicó que la central «requiere unas fuertes inversiones para su puesta al día en materia de seguridad», ya que la unidad se encuentra paralizada desde el año de 2012. Sin embargo, aclaró que esta decisión no afectará a la producción energética española.

La central nuclear Garoña —propiedad de la empresa Nuclenor y con participación de Endesa e Iberdrola— se clasifica como de tipo agua en ebullición (BWR). Fue inaugurada en 1970 y era, desde el 2006, la central nuclear más antigua de España.

Posee 466 megavatios de potencia eléctrica, una potencia significativamente inferior a la del resto de las centrales nucleares que se encuentran funcionando en España, todas ellas con una potencia de más de 1.000 megavatios.

La planta -que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013- dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, debido a un impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un costo inasumible.