Por Gustavo Barbarán. En U-238 #14 Noviembre 14
La Central Nuclear Néstor Kirchner está cumpliendo satisfactoriamente su puesta en marcha y, junto con el comienzo de varios proyectos importantes, queda demostrado que el sector nuclear pudo recuperar sus capacidades a partir de un fuerte apoyo y direccionamiento estatal. Aquí se presentan los principales desafíos que tiene el sector para terminar de consolidar su participación en el complejo científico-tecnológico industrial del país.
Con la puesta en marcha de la Central Nuclear Néstor Kirchner (CN-NK, ex Atucha-II), el Sector Nuclear Argentino (SNA) demostró su capacidad para poder recuperarse tras años de desidia. La central, cuyos primeros contratos se firmaron en 1980 y se había paralizado en 1992, pudo terminarse con gran esfuerzo técnico y económico, sustentado por una clara política por parte del Estado nacional. A partir de 2004, al comienzo de las negociaciones para finalizar la central, el gobierno inició la construcción de un sector prácticamente devastado por las políticas neoliberales que aconsejaban, entre otras cosas, la privatización de empresas públicas, de la educación superior y de prácticamente todas las actividades de ciencia y técnica que se realizaban en el país. A la CNEA la desmembraron con el objetivo explícito (figura todavía en la Ley 24 804) de privatizar las actividades productivas.
La reanudación de las actividades nucleares en el país tuvo como eje integrador la finalización de la CN-NK, pero simultáneamente otros proyectos fueron reactivados. Es momento de hacer un balance, un alto en el camino para otear el panorama, analizar lo realizado y plantear lo que viene.
En un año intenso para la actividad, Argentina despliega su política nuclear en varios ámbitos. Uno no menor es el plano internacional, donde, en marzo, se designó al embajador argentino Rafael Grossi como presidente del grupo de proveedores nucleares. Este grupo, cuya creación data del año 1974, está conformado por todos los países que realizan exportaciones nucleares y complementa todos los tratados internacionales para asegurar los usos pacíficos de la energía nuclear. En palabras del Embajador: “Nuestra elección para presidir el grupo es un reconocimiento a esta política que ha sido invariable y que el gobierno nacional ha reafirmado en cada oportunidad, exhibiendo credenciales impecables en materia de no proliferación”.
Otro gran proyecto en marcha es la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse. La central dejará de operar en febrero de 2015 y, a partir de allí y durante 20 meses, se realizarán los trabajos más intensos, que implican el reemplazo de numerosos componentes de la central para asegurar otros 30 años de vida. La inversión será de 1600 millones de dólares y el 60% irá a proveedores locales que suministrarán algunos de los componentes más importantes, como los generadores de vapor que realizará IMPSA y los tubos de presión que, con tecnología desarrollada por la CNEA, proveerá CONUAR. Una particularidad de este proyecto es la participación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), un organismo multilateral de crédito, en parte de la inversión.
Otro proyecto para destacar es el CAREM-25. Inicialmente propuesto como un concepto innovador en 1983, con las marchas y contramarchas finalmente se encamina hacia su consolidación. Tres puntos muestran el nivel de consolidación del proyecto. El primero es la presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la instalación. Otro punto relevante es la adjudicación del recipiente de presión a la empresa IMPSA, siendo éste el componente más importante del reactor. Por último, está el inicio de las obras civiles que comenzaron en febrero de este año. Por estos días, Argentina puso en órbita el satélite de comunicación ARSAT-1, íntegramente diseñado, fabricado y probado en el país, lo que la posiciona como el único país del Hemisferio Sur con la capacidad para fabricar un satélite geoestacionario. El CAREM es al sector nuclear lo que el satélite para la política aeroespacial.
Otro proyecto importante es el reactor RA-10. Los reactores de investigación son emprendimientos que el país maneja con comodidad, y este no es la excepción. Hace ya tiempo que se creó una asociación virtuosa entre INVAP y CNEA para el desarrollo de estos proyectos, y logró así convertirse en el estándar internacional luego del reactor OPAL, vendido a Australia. El RA-10 complementará al RA-3, que funciona desde 1967 proveyendo la mayoría de los radioisótopos que se consumen en el país. Este proyecto viene acompañado de un reactor gemelo que se realizará en Brasil, lo que ratifica otra política virtuosa de este período: la integración regional.
Otro hito destacado es la reactivación de las actividades de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu. El proyecto se abocó a recuperar las instalaciones del “mock up” para mantener la tecnología luego de más de 20 años de parada. Este hecho, más político y simbólico que otra cosa, marca la cancha en el plano internacional para proteger los futuros desarrollos tecnológicos que se realicen en el país. En términos productivos, es el punto de partida para una real consideración sobre la factibilidad de esta actividad en Argentina, evaluando y sopesando todas las tecnologías de enriquecimiento.
Un punto novedoso para resaltar es la presentación en una audiencia pública de la Nueva Planta de dióxido de Uranio (NPU) que la empresa Dioxitek (99% CNEA) tiene intenciones de instalar en la provincia de Formosa. Este proyecto surge para ampliar las capacidades de procesamiento de uranio requeridas a partir de la entrada en servicio de la CN-NK, duplicando la demanda de uranio para las centrales nacionales. Lo realmente novedoso será que, de concretarse tal como está planeada la operación, Formosa será la primera provincia en Argentina que (al margen de la medicina nuclear) acoja una nueva instalación del sector nuclear en más de 30 años. Este hecho da cuenta de que aún falta mucho trabajo de cara a la sociedad.
El sector nuclear argentino también tiene perspectivas de mantener (e inclusive superar) el nivel de actividad alcanzado en estos años: anunció el ministro de Planificación Julio De Vido sobre la cuarta central nuclear (Atucha III) tipo CANDU, en desarrollo conjunto con los chinos, donde se hicieron anuncios de inversiones del orden de 32 mil millones de pesos y 2000 millones de dólares (unos 6 mil millones dólares), para una central de 800 MW de tecnología probada y ya en funcionamiento en el país, con la posibilidad de incorporar mucho trabajo local. Este anuncio, junto con el pronunciado en la 58º Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde prometió 31 000 millones de dólares en inversiones en los próximos 10 años, son buenos augurios para el sector.
En el primer número de esta revista planteábamos tres posibles estrategias dentro del futuro del desarrollo nuclear argentino: la de menor costo, la de aprovechamiento de la capacidad ya instalada y la que provoque el mayor salto tecnológico. Los anuncios del ministerio por la cuarta central combinan dos de las estrategias: que la próxima central maximice el uso de la capacidad nuclear instalada en el país (por ser una de tipo CANDU), y que cuente con acceso a financiamiento y plazos de obra interesantes para el sector nuclear (financiada en parte por los chinos). Con respecto a la quinta central, si bien hubo avances a través de la firma de convenios de cooperación con varios países, Rusia entre ellos, está más lejana en el horizonte.
Otro de los aspectos para destacar de la consolidación de este renacimiento nuclear es la expansión territorial que tuvo la medicina nuclear en el país. Históricamente desarrollada en Buenos Aires, con la honrosa excepción de la FUESMEN mendocina, en este período se consolidaron cuatro proyectos de centros de medicina nuclear en el país, con la posibilidad de uno más en el corto plazo. Estos centros se encuentran en Entre Ríos, Formosa, Bariloche y Río Gallegos, y se están desarrollando las acciones para realizar un nuevo proyecto en Salta. Lugares que no se encuentran en el eje económico-productivo del país y que representan esos esfuerzos de “federalizar” la actividad.
Desafíos
Técnicamente, con la finalización de la CN-NK, el sector nuclear demostró de lo que es capaz. Y con el apoyo que dio el actual gobierno al sector científico tecnológico sumado ello a los logros alcanzados (no sólo en el campo nuclear), está claro que el país tiene un gran potencial de desarrollo para mantener este rumbo de políticas.
Lo que viene, y debe trabajarse mucho, son los desafíos político-institucionales del sector. Años de carencia de una política de desarrollo en el país no solamente provocaron un desastre económico, sino que permitieron el surgimiento de diversos grupos que reemplazaron esa presencia con sus propias agendas. Así se vieron afectados el desarrollo minero, nuclear, energético, de transporte, agropecuario, entre los que podemos destacar rápidamente. La acción conciliadora, orientadora y unificadora de un Estado, con la sanción de leyes y la regulación de actividades fue reemplazada por el movimiento de ONG.
Ello, por supuesto, no significa ubicarse en la verdea de enfrente de la protección del ambiente, que tiene que existir y debe ser ponderada en toda política pública, sino que la desidia neoliberal expresada en una confianza ciega en los mercados dejó echada a su suerte la conformación de políticas estratégicas de desarrollo. Concretamente, en el ámbito nuclear, esto se expresa en 250 leyes, declaraciones, resoluciones y ordenanzas en contra de la actividad nuclear en prácticamente todo el territorio nacional.
También algunas normas, polémicas al menos, desde una perspectiva legal. Además, suelen estar en contra de la legislación nacional, motivo por el cual son fácilmente disputables en el ámbito judicial. Pero justamente ese tipo de iniciativas no son el mejor camino para ganarse la confianza de la población. Se necesita un trabajo a largo plazo para desarmar todo ese entramado legal.
Lo mencionado previamente se puede aplicar a la política minera. A una ley de inversiones mineras totalmente permisiva le siguió un movimiento social reclamando la prohibición total de actividades. El debate, así como está, se encuentra estancado y lo que debería ser una política de desarrollo de una actividad a nivel nacional, se presenta como un mosaico de legislaciones a favor y en contra. En esta discusión no hay lugar para una tercera vía de desarrollo minero (no le conviene a ninguna de las partes, porque afecta sus intereses o desactiva sus argumentos), que es el desarrollo minero ligado a políticas de desarrollo territorial e industrial.
CNEA siempre buscó que su desarrollo en la actividad minera transite por esa tercera vía. Los recursos extraídos históricamente fueron en un 100% a los reactores nacionales, y las ciudades y pueblos donde se realizaron estas actividades se beneficiaron de ese flujo de trabajo y divisas provenientes de una actividad que, bien desarrollada, es fuente de riqueza tan legítima como cualquier otra.
La falta de uranio de producción nacional no es un problema económico, ya que no representa un componente relevante en los costos de generación nucleoeléctrica (en comparación con los combustibles fósiles). Es un problema de discusión de un modelo de desarrollo nacional que pocos sectores, como el nuclear, supo plantear.
Otro punto para trabajar es la renovación de un sector nuclear que, aunque la sociedad todavía percibe como monolítico en la imagen de la CNEA, en realidad es un conjunto de instituciones donde este organismo nacional juega un rol importante, pero que no es el único.
Esta renovación implica trabajar en la armonización de actividades que llevan adelante el brazo industrial del sector nuclear, con Nucleoeléctrica Argentina a la cabeza, pero que también incluye a CONUAR- FAE, Dioxitek y, en menor medida, a INVAP (en lo que a cuestiones nucleares respecta). Su complementariedad, requerimientos de investigación y desarrollo en CyT, posibilidades de sustitución de importaciones, desarrollo federal, políticas conjuntas de desarrollo de recursos humanos son algunos de los temas que deben debatirse y, de hacerlo, mejorarían el funcionamiento del sector nuclear en su conjunto.
De más está decir que cada uno de estos sectores se siente orgulloso de su aporte a una política que viene desarrollándose a lo largo de más de seis décadas, pero requiere de una coordinación técnico-política que no era necesaria hace treinta años, cuando todo el desarrollo nuclear se concentraba en CNEA.
Las formas de coordinación pueden ser múltiples, pero, retomando el tema de políticas coordinadas de desarrollo nacional, recuperar el rol central de CNEA y definir su alcance bien merece cierta discusión.
Recientemente, durante el lanzamiento del ARSAT-1, se dijo que los frutos de la política aeroespacial se verían en un lapso de 15 años. En el ámbito nuclear, debido a la historia recorrida, ya se pueden ver los frutos de la reactivación originada en 2006. Queda, como en todos lados, mucho camino por recorrer y mejorar, pero lo importante es que el carro ya está en movimiento, como reza el refrán.
