Por Sebastián De Toma. En U-238 # 22 Julio – Agosto 2016
La nueva ley de Energías Renovables, aprobada durante el gobierno pasado, fue el puntapié inicial para que el presidente Macri ponga en marcha la primera licitación para la producción de 1000MW de energías alternativas. A continuación, los detalles del proyecto y un breve repaso histórico del tortuoso camino que siguió la regulación para el sector de las renovables.
En mayo, mientras en Portugal festejan por haber conseguido estar abastecidos 107 horas seguidas sólo por energías renovables y en Alemania se llegó a tener precios negativos en la energía por la influencia de las renovables (es decir: los proveedores les pagaron a los usuarios por consumir electricidad), acá en la Argentina el presidente Mauricio Macri lanzó el Plan RenovAR, a través del cual se busca incorporar energías renovables al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este caso, se trata del primer llamado a licitación para la producción de 1.000 megavatios (MW) de energías alternativas, eólica y solar; de estos 1 000MW, 600 corresponden a desarrollos eólicos, 300 a solares, 65 a biomasa, 20 a proyectos hidroeléctricos menores a 50 MW y 15 a biogas. De acuerdo al anuncio, esto representará una inversión de entre U$S1 500 y U$S2 000 millones y entre 5 000 y 8 000 puestos de trabajo. Además, el país se ahorrará casi U$S300 millones en importación de combustibles para generar energía.
Durante junio comenzó a circular el prepliego gratuito, el 2 de julio se planeó la publicación y venta de pliegos definitivos por parte de Compañía Administradora del Mercado Mayorista (Cammesa) y luego las ofertas se recibirán hasta el 22 de agosto. Finalmente, las adjudicaciones se realizarán el 28 de septiembre. Fechas aparte, que fuentes del sector estiman que se estirarán un poco, lo importante es el puntapié inicial que se le dio a la ley de Energías Renovables, la 27.191. Aprobada en 2015, durante el mandato de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se trata de una actualización de la Ley 26.190, aprobada en 2006, y fue presentada por el senador por el Frente para la Victoria de la provincia de Chubut, Marcelo Guinle. El redactor del proyecto fue Sebastián Kind, entonces asesor de Guinle y hoy subsecretario de Energías Renovables, en una muestra de que en la Argentina existen políticas de Estado, más allá de lo que se dice para la tribuna.
La ley pone una serie de plazos para aumentar la proporción que entrega el segmento de energías renovables al MEM, que en 2015 se ubicaron en 1,7 % (según datos publicados por Cammesa) y que en 2017 deberá ser de 8 %, para cerrar el 2025 con un 20 %. Entonces, para el año que viene el sector renovable deberá estar en 3000MW, y si se tiene en cuenta que hoy sólo existen instalados sólo 185, comienza a vislumbrase lo mayúsculo que es el desafío por delante. Juan Bosch, presidente de SAESA, trader de energía —hace de puente entre el generador o productor y el gran usuario—, es directo: “Hay muy poca energía renovable en la Argentina, apenas 180 megas instalados. El primer objetivo a cumplir en 2018 implica que tenemos que pasar de 185 megas a 3000 megas, así que tenemos que crecer mucho en capacidad instalada de energía renovable”. Pero, para lograrlo, el gobierno nacional debe generar confianza en los inversores que tuvieron dificultades a la hora de instalarse tras la sanción de la primera ley de energías renovables en 2006. Por eso es que la primera compra la realiza el Estado, para asegurarles el pago, y por lo tanto, la inversión. De hecho, puntualiza la periodista especializada María del Pilar Assefh (estuvo presente en la COP 21, la vigésimo primera conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). “Hace 10 años que se viene prometiendo este mismo porcentaje en la matriz [que marca la ley para 2017]. Según la 26.190, este año ya deberíamos haber tenido el 8 %”.
Para lograr la confianza recién mencionada y atraer a los inversores, el pliego contiene una carta del Banco Mundial con un respaldo de U$S500 millones y garantías. Esto significa, de acuerdo a lo que explicó Kind a El Cronista Comercial, que en primer lugar existe una garantía conformada con el Foder, el Fondo Fiduciario creado por ley, para cubrir al productor/desarrollador de la fuente renovable de energía durante 12 meses de incumplimiento por parte del contratante. En segundo lugar, si el Foder no llegara a poder cubrir el importe, lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Y, en tercer lugar, si este último no cumple, “se dispara la garantía del Banco Mundial”, detalló el funcionario. “Lo natural —comenta Bosch— es que el Estado regule y mire, no que compre energía. El distribuidor debería estar comprando la energía. Como no puede, porque están todos quebrados porque tienen un problema tarifario serio, es el Estado el que está comprando”.
Una larga historia
La ley de Energía Renovable tiene una extensa y tortuosa historia: la primera ley, número 25.019, de energía eólica y solar, es de 1998. El entonces presidente Menem la vetó y el Congreso insistió en su promulgación, pero “con muy pocas ganas de que sea real”, recuerda Bosch. “¿Por qué? Por exceso de política promercado. El argumento del veto era ‘si esto sirve, que compita’.” Y en el 98 la energía renovable era mucho más cara que lo que sale hoy. En el 2006 llegó la Ley 26.190, la ley Guinle, y tampoco levantó. Según Bosch: “Había una vocación del mundo por abrirse a las renovables, pero el Protocolo de Kyoto estaba en veremos, no había acuerdo de París [sucedió el año pasado] y en la Argentina a nadie le interesó. Fue una ley que no se aprobó con una mayoría exigua y que el gobierno demoró tres años en reglamentar, había fondos que tenían que nutrirse y no se nutrieron. Después empezaron a pasar cosas, pero sin los impulsos adecuados y sin el convencimiento necesario”.
En 2015, por fin, la ley se aprobó casi por unanimidad (sólo 8 votos en contra en Diputados y 4 en Senadores) y ahora, cambio de gobierno mediante, se convirtió en política de Estado. El Ejecutivo creó un ministerio de Energía y una subsecretaría de Energías Renovables, y “se puso como objetivo cumplir con la ley”, puntualiza Bosch. “Al poner a Kind, se ve una continuidad y se ve que hay una política de Estado, porque trasciende un objetivo de gobierno, de hacer las cosas fáciles.”
Proyectos en danza
Además de la licitación que realizará el Poder Ejecutivo, hay otros proyectos que involucran de alguna manera al Estado Nacional o a alguno provincial. Por un lado, YPF está desarrollando un parque eólico, llamado Manantiales Behr y ubicado en la provincia de Chubut (40 kilómetros al noroeste de Comodoro Rivadavia). El proyecto, de acuerdo con lo informado por la empresa, consiste en la construcción y operación de un parque de aerogeneradores para la generación de energía eléctrica que se integrará al Sistema Argentina de Interconexión (SADI) con una potencia de 100 MW. Por otro lado, la petroquímica Dow Argentina firmó un memorando de entendimiento con INVAP, la empresa estatal de la Provincia de Río Negro dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, para el desarrollo de energías renovables. Específicamente, se trata de la construcción de un parque eólico en la provincia de Río Negro con una inversión de U$S123 millones. El emprendimiento estará localizado en Cerro Policía, 50 kilómetros al sur de Villa El Chocón, donde la estatal rionegrina viene realizando estudios de viento en los últimos treinta años, de acuerdo con lo comentado desde la petroquímica. La empresa espera así poder generar la suficiente energía para sus operaciones en los complejos productivos de Bahía Blanca, Puerto General San Martín, Zárate, Colón y Venado Tuerto. En total, serán 50 MW de potencia instalada. La firma del acuerdo coincidió con la visita al país del presidente estadounidense Barack Obama, la que tuvo al desarrollo de las energías renovables como uno de los temas centrales de la agenda bilateral entre los dos gobiernos.
También cabe mencionar el primer encuentro nacional sobre generación eléctrica distribuida mediante energía renovable que se llevó a cabo el 26 y 27 de mayo en San Miguel de Tucumán, organizado por Iresud, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y la Secretaria de Estado Unidad Ejecutora Provincial. Entre los disertantes se hicieron presentes dos representantes de la CNEA: Ismael Eyras, arquitecto especializado en energía y sustentabilidad, y Hernán Socolovsky, ingeniero en electrónica del Departamento de Energía Solar.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de San Martín y cinco empresas privadas (Aldar S.A., Edenor S.A., Eurotec S.R.L., Q-Max S.R.L. y Tyco S.A.) se reunieron en 2011 para iniciar el Proyecto de Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida (IRESUD). El proyecto tiene por objeto introducir en el país tecnologías asociadas con la interconexión a la red eléctrica, en áreas urbanas y periurbanas, de sistemas solares fotovoltaicos (FV) distribuidos, contemplando para ello cuestiones técnicas, económicas, legales y regulatorias, según información publicada en el sitio web del encuentro. Sus actividades están parcialmente subsidiadas con Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC) a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT).
El parque eólico Rawson superó el millón de MW en generación de energía renovable
El Parque Eólico Rawson (PER), el más importante de la Argentina, ubicado en Chubut, alcanzó una producción total de 1.150.000 MW. Esto quiere decir que en cuatro años produjeron el 59 por ciento de esta clase de energía en el país, de acuerdo con información suministrada por Genneia, la empresa dueña del parque y líder del sector (hecho reconocido por todas las fuentes consultadas por U-238).
“Esta producción de energía le posibilitó a la Argentina un ahorro total de 238 millones de dólares en materia de combustible sustituido de importaciones. A su vez, la producción de esta energía originó una reducción de emisiones de CO2 de 782.000 toneladas, el equivalente a lo que liberan anualmente 261.000 automóviles”, explicaron a través de un comunicado de prensa.
“Para 2016, los desafíos de Genneia estarán concentrados en la continuidad de la generación de energía tanto renovable como térmica y en la construcción del primer módulo (50MW) del Parque Eólico Madryn, cuyo proyecto total es de 220 MW. Se estima que la primera etapa estará lista en 20 meses y la totalidad de la obra en tres años y medio.”
