La Argentina tiene controles estrictos para el tratamiento de los residuos radiactivos. Carla Notari y Jorge Vaccaro, docentes e investigadores del Instituto Dan Beninson de la UNSAM, explican cómo se regula una de las actividades más controversiales de la industria energética.
El éxito mundial que cosechó la serie Chernóbil de HBO volvió a poner en debate temas vinculados con la generación de energía nuclear y las condiciones de seguridad de las plantas. Horas de programas televisivos, columnas de especialistas, hilos de Twitter en todos los idiomas abordaron lo sucedido en el desastre nuclear de la ciudad ucraniana de Prípiat en 1986.
Muchos especialistas argentinos destacaron la importancia del sector nuclear local y las casi inexistentes probabilidades de que un accidente de esas características pueda ocurrir aquí. Sin embargo, existe un tema que genera el mismo caudal de controversias y suele ser menos abordado: el tratamiento de los residuos radiactivos.
En el campo de la industria nuclear, la Argentina es uno de los países más avanzados de América Latina y uno de los diez países con mayor desarrollo del mundo. Cuenta con tres plantas de producción de energía nucleoeléctrica —Atucha I, Atucha II y Embalse—, tres centros atómicos que se dedican a la investigación y desarrollo de tecnología nuclear —el Centro Atómico Ezeiza, el Centro Atómico Constituyentes y el Centro Atómico Bariloche— y diversas empresas estatales involucradas en el proceso productivo de la nucleoelectricidad como la planta productora de dióxido de uranio Dioxitek, la fábrica de combustibles nucleares argentinos CONUAR o la planta productora de agua pesada de la empresa neuquina de servicios de ingeniería ENSI.
¿Qué son los desechos radiactivos? Son materiales que contienen radiactividad y para los cuales no está previsto ningún uso futuro. Los producen las centrales nucleares, los reactores de potencia, los laboratorios que usan material radiactivo, la medicina nuclear, las aplicaciones de materiales radiactivos y la industria extractiva de petróleo y gas.
Carla Notari, decana del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson (IDB) de la UNSAM-CNEA, explica que tales desechos pueden tener baja, media o alta actividad. “Por su naturaleza radiactiva, los residuos de la actividad nuclear deben ser aislados para evitar que los trabajadores y el público reciban dosis superiores a las permitidas. Los de baja y media actividad no constituyen un problema, dado que su actividad decae con relativa rapidez —a lo sumo, 30 años—, por lo que se los aísla por períodos acotados. Los que generan más preocupación y merecen la mayor atención son los combustibles gastados, que tienen alta actividad. Estos residuos deben aislarse por miles de años”.
La CNEA cuenta con el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, que se encarga de hacer cumplir los parámetros de tratamiento internacionales impuestos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), del cual la Argentina es parte. Además, en el plano local, toda la actividad nuclear está regulada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Jorge Vaccaro, docente e investigador del IDB y especialista en residuos radiactivos, explica que en el país “no se producen residuos de alta actividad, sino combustibles gastados” y que, a diferencia de lo que ocurre en Dark —otra serie popular en estos días— no se entierran. “Los combustibles gastados son almacenados en piletas llenas de agua con refrigerante y blindaje y luego de unos años de enfriamiento pasan a un almacenamiento en seco (silos de hormigón). Todo esto ocurre dentro del predio de las centrales nucleares”, dice.
Notari explica que el combustible gastado puede reutilizarse. “En la Argentina los elementos combustibles gastados no son considerados residuos porque contienen materiales potencialmente muy valiosos. Esos elementos están en almacenamiento transitorio hasta que se decida qué hacer con ellos”.
El país tiene un marco legal exigente para garantizar el adecuado tratamiento de los residuos radiactivos y las condiciones de desarrollo nuclear: desde el artículo 41 de la Constitución Nacional de 1994 hasta leyes específicas provinciales y municipales. Además, desde el año 2000 la Argentina adhiere a la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos, un tratado que establece los criterios para la gestión segura, y compromete al país a implementar procesos de mejora continua. (Ver recuadro)
La Argentina genera alrededor de 200 metros cúbicos de residuos nucleares de media y baja actividad por año. Dichos residuos son compactados para reducir su volumen y colocados en instalaciones transitorias. “Las instalaciones deben obtener una licencia de operación otorgada por la ARN, lo que implica aprobación tanto de la infraestructura y la documentación como de los procedimientos operativos. El personal que trabaja en esas instalaciones también debe obtener primero una licencia de la ARN, luego una autorización específica para trabajar en cada instalación y un reentrenamiento anual obligatorio con examen final”, dice Vaccaro.
Para Notari, “los volúmenes de los residuos radiactivos por unidad de energía generada son muy bajos respecto de los volúmenes de residuos que producen los combustibles fósiles que, a diferencia de los nucleares, en lugar de aislarse son dispersados en la atmósfera produciendo dos efectos importantes en el ambiente humano: contaminación del aire y aumento de la concentración de gases de efecto invernadero”.
Por Gaspar Grieco.
