Por Sebastián De Toma. En U-238 # 23 Septiembre – Octubre 2016
La provincia de Córdoba aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica a instancias de Nucleoeléctrica Argentina y le otorgó a esta última la Licencia Ambiental. Ahora, tras superar una audiencia pública con 188 oradores sobre 192 a favor del revamping, comenzará la tercera etapa del proceso que permitirá a la central nuclear operar durante los próximos 30 años.
Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera la central nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, recibió el pasado 22 de julio la Licencia Ambiental emitida por el ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos provincial. Así concluyó el proceso que comenzó con la presentación del estudio de impacto ambiental del proyecto de extensión de vida de la central atómica que NA-SA le solicitará oportunamente al Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT – UVT Ley 23.877) y que siguió con una audiencia pública que tuvo lugar el pasado 7 de julio en la ciudad que da nombre a la central de potencia para así cumplimentar los pasos requeridos por la legislación provincial vigente (se trata de las leyes número 10337, 10.208, 7.343 y su decreto reglamentario 2131/00).
En los considerandos de la resolución 203/16 que aprueba el estudio de impacto ambiental, firmada por el Secretario de Ambiente y Cambio Climático, se resalta la información técnica presentada, como “las particularidades más importantes del Proyecto Extensión de Vida, que destaca la trascendencia de los avances tecnológicos y sistemas destinados a mejorar la seguridad operacional, e inclusive la modernización y optimización del turbogrupo y ciclo térmico, junto con el aumento de potencia estimado en 35MW”. Además, allí se asegura que “la documentación presentada fue analizada por la Comisión Técnica Interdisciplinaria en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.
La siguiente fase del proyecto —que representa una inversión de US$ 1 600 millones— será ejecutar todas las tareas de recambio de componentes que le permitirán a la planta operar durante los próximos 30 años. Esta, desde el comienzo de sus operaciones en 1984 hasta que el 31 de diciembre pasado, aportó a la matriz energética nacional 140 000 000 Mw/h, lo que equivale a la energía eléctrica consumida por todo el país durante el lapso de dos años y medio.
El estudio
U238 realizó una entrevista grupal con el equipo que llevó a cabo el estudio requerido con NA-SA para conocer más sobre este: Marcelo Ferrero, doctor en Costas, geólogo, ex becario CONICET y docente universitario, y director Ambiental del CEDyAT, el ingeniero industrial especializado en ambiente y coordinador del área de Estudios y Proyectos del CEDyAT, Marcelo Alarazqui, y el doctor Mariano Riano, abogado especialista en Derecho Ambiental, docente universitario y secretario de Legal y Técnica del CEDyAT.
Ferrero convocó a un equipo multidisciplinario encargado en una primera fase de recolección de datos dispersos sobre la puesta en operación de la central, de los estudios que vienen realizándose desde su puesta en operación, incluidas las diferentes mediciones ambientales en suelo, aire y recursos hídricos de que la propia empresa tenía desde el origen mismo del proyecto. Toda esta masa de datos luego fue convertida en información ambiental consolidada con la ley ambiental de la provincia de Córdoba y dio a conocer a sus autoridades ambientales. Además contaron con el trabajo de los equipos propios de expertos: doctores en Geología, ingenieros, abogados, ambientalistas, biólogos, sociólogos y antropólogos, que “aportaron sus conocimientos específicos”, explica; y a la vez, se articularon actividades con los especialistas propios de NA-SA que “colaboraron en poner aspectos técnicos del Proyecto en un lenguaje asequible para el público interesado en general”. Asimismo fueron consultados especialistas en otras disciplinas tales como Sismología, Medicina, Física, Sociología, y ONG, y se contactó también a personal de las instituciones vinculadas a la industria nuclear argentina como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Si bien el proyecto de extensión de vida no requirió cambios profundos, sí fue necesario actualizar una serie de estudios específicos así como también desarrollar ciertas temáticas con mayor profundidad para poder responder a la legislación provincial y para dar cabida a los avances tecnológicos de los últimos 32 años en materia de seguridad operacional.
La audiencia
El estudio fue presentado a la provincia el pasado 31 de marzo y luego siguió el camino que prevé la legislación: primero fue revisado por una comisión técnica que tiene la secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, y luego solicitaron todas las aclaraciones que creyeron necesarias. Finalmente, elevaron un preinforme que permitió el llamado a audiencia pública, detalla Adalberto Bracconi, asistente técnico del proyecto de Extensión de Vida de Embalse de Na-Sa, que tiene a su cargo todo lo relacionado con el licenciamiento de la central.
En la audiencia se inscribieron 192 oradores, de los cuales 188 hablaron a favor del proyecto de extensión por 30 años más. Durante horas, se sucedieron exposiciones de 15 minutos cada uno: “funcionarios nacionales y provinciales, intendentes de esa zona de Calamuchita, representantes de gremios, cámaras empresarias de metalmecánica, turismo, múltiples vecinos y otros sectores se sucedieron para defender el proyecto y el estudio de impacto ambiental que lo avala”, puntualizan desde el CEDyAT.
Omar Semmoloni, presidente de Na-Sa, defendió durante la audiencia el estudio de Impacto Ambiental y señaló que “un segundo ciclo operativo de la Planta permitirá aportar energía segura, limpia y eficiente para tres millones de personas, contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero y generar empleo para 3.000 trabajadores”.
“Tal vez el avance más importante es el acceso de manera semestral a la información ambiental que tendrán las ONG ambientalistas tal cual lo exigieron al gobierno nacional y provincial.” Es por esto que en la resolución que otorga la Licencia se establece que el CEDyAT deberá presentar informes de avance de manera semestral durante la obra y luego durante su funcionamiento. “De esta manera se busca evitar lo sucedido en estos 32 años pasados donde la sociedad cordobesa y el estado provincial no tenían conocimiento en dicha materia dentro de la central”, puntualizan.
Según Bracconi, si bien el regulador principal de la central es la ARN, que es de carácter nacional, “nuestro sistema de gestión ambiental nos obliga a dar cumplimiento a toda la normativa ambiental que se considera aplicable”. Pero, además, refrendando lo expuesto por los expertos del CEDyAT, señala que “como política de responsabilidad social es fundamental que tengamos una actitud de buen vecino, que podamos demostrarle a la comunidad que no tenemos inconvenientes de cumplir con la normativa que nos pide el regulador. “Hay un vínculo permanente con la provincia y las puertas de la instalación están siempre abiertas, como lo estuvieron, para recibir las inspecciones que crean convenientes y verificar lo que realmente estamos haciendo”, agrega.
El rol de ARN
Una delegación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) viajó a Embalse para participar en la audiencia pública. La ARN realizó varias presentaciones técnicas para dar cuenta a los ciudadanos de su rol regulador y de control del sector nuclear, y específicamente, de cómo el proyecto de extensión de vida de embalse cumple con la normativa vigente.
“Esta ARN ha seguido el proyecto de extensión de vida de la Central de Embalse desde su inicio, y podemos decir que satisface los requerimientos normativos y de seguridad”, señaló el presidente de ARN, ingeniero Néstor Masriera, al inicio de su presentación introductoria de los aspectos regulatorios del proyecto de Extensión de Vida. Y agregó “Continuaremos nuestro trabajo como reguladores para que cuando otorguemos la Licencia de Operación actualizada, esta licencia documente bien todas las condiciones, cuyo cumplimiento garantizan la seguridad radiológica y nuclear de una planta actualizada en general y mejorada en los aspectos de seguridad como indican los nuevos estándares internacionales”.
