Tras una serie de denuncias por incidentes operativos y manipulación irregular de uranio, la justicia federal allanó la planta de Alta Córdoba con apoyo de especialistas universitarios. Mientras los trabajadores alertan sobre riesgos para la salud, la empresa estatal niega las acusaciones y asegura que sus protocolos cumplen con los estándares internacionales.
La planta de Dioxitek en el barrio de Alta Córdoba, una pieza fundamental en la cadena de suministro energético nacional, se convirtió en el epicentro de un procedimiento judicial encabezado por la Gendarmería Nacional y expertos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. La intervención judicial, ordenada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, surge tras la difusión de testimonios e imágenes que sugieren derrames de material radiactivo y el contacto directo de operarios con sustancias peligrosas. Las denuncias apuntan no solo a hechos fortuitos, como la rotura de maquinaria crítica o fugas en tuberías internas, sino también a una gestión deficiente de los residuos y del lavado de indumentaria contaminada.
El conflicto ha escalado debido a la contradicción entre el desempeño financiero de la compañía y las condiciones denunciadas en el interior de la planta. Durante el último año, Dioxitek reportó una producción récord de 190 toneladas de dióxido de uranio, insumo vital para el funcionamiento de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, proyectando un superávit económico considerable. Sin embargo, sectores gremiales y especialistas advierten que este equilibrio contable no se ha traducido en las inversiones necesarias para garantizar la protección radiológica en una zona densamente poblada. Los reclamos también incluyen la falta de controles médicos periódicos y sistemáticos para el personal expuesto a radionucleidos, una exigencia establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Desde la conducción de la empresa, presidida por Federico Ramos Nápoli, se han rechazado categóricamente las versiones de accidentes, calificándolas inicialmente como maniobras de desinformación. La firma sostiene que la inspección judicial permitió verificar la normalidad de los registros operativos y que no se identificaron niveles de radiación fuera de lo permitido. A pesar de esta defensa oficial, la incertidumbre persiste entre los habitantes de la zona y los propios trabajadores, quienes señalan que ciertos incidentes no habrían sido reportados correctamente a la Autoridad Regulatoria Nuclear.
El futuro inmediato de la planta se encuentra ligado a la resolución de esta causa judicial y al cumplimiento de un plan de mudanza hacia la provincia de Formosa, un proceso que lleva años de retraso y múltiples prórrogas. En los próximos meses, los peritajes técnicos sobre las muestras recolectadas durante el allanamiento serán determinantes para definir si existió una negligencia sistemática o si los eventos denunciados fueron situaciones controladas bajo protocolo. Mientras tanto, Dioxitek deberá enfrentar un escrutinio mayor sobre sus estándares de seguridad ambiental en un contexto de alta sensibilidad política y social.
