Por Gustavo Barbarán. En U-238 # 24 Noviembre – Diciembre 2016
La decisión acerca de dónde emplazar una central nuclear es un asunto de una relevancia trascendental, casi tanto como la decisión misma de construirla. Allí se ponen en juego no solamente los aspectos geográficos y técnicos, sino, sobre todo, las cuestiones políticas, sociales y culturales. La problemática es compleja y su solución requiere de altas dosis de pragmatismo, transparencia y coherencia a largo plazo.
Luego de la inevitable prórroga en la confirmación de los proyectos nucleares con la República Popular de China, se puede decir que la cuarta central ya está en marcha. Estará ubicada en terrenos colindantes a las Atucha donde se concentra el parque nuclear por defecto de nuestro país. ¿Es el único lugar? Absolutamente no, pero una mezcla de falta de política nuclear sostenida en el largo plazo (que supone tiempos que involucren a más de un cambio de signo político), sumado a la ausencia de un programa de comunicación proactivo, coherente y ordenado en el tiempo, más los esperados rechazos de los fundamentalistas ambientales, terminan volcando la balanza a los sitios conocidos, con la famosa política de “no innovar” en lo que se refiere a nuevas ubicaciones.
Como se acordó con los chinos, la cuarta central viene en tándem con la quinta. La cuarta, un CANDU —cuya tecnología permitiría una mayor participación de empresas locales— está atada a un PWR de origen Chino, un CPR-1000, que le permite a la potencia oriental colocar en el extranjero la primera central de su tecnología. ¿Situación win-win? Debería serlo, pero se sabe que el diablo habita en los detalles, como el financiamiento a empresas locales para que puedan participar o barreras tecnológicas como las certificaciones de calidad de equipos y materiales que, si no se tienen en cuenta, pueden trabar la participación argentina. De esa forma, las centrales nucleares se transformarían en máquinas para producir solamente electricidad, nada más. De desarrollo ni hablar. De las políticas y posturas que adopte el gobierno en su conjunto dependerá, ya que nadie regala nada.
El emplazamiento de grandes instalaciones es un tema de naturaleza eminentemente política, tanto en principios, como en los hechos. Cualquiera que escude su accionar justificando su carácter técnico exclusivamente irá a un fracaso irremediable en sus objetivos por la sencilla razón que se basa en comparaciones subjetivas, con carácter abierto y múltiples soluciones. Sí, por supuesto, los criterios técnicos que se establezcan deben cumplirse a rajatabla, pero eso no asegura la resolución del problema, sino el establecimiento de una condición de mínima, necesaria para poder seguir avanzando.
Este problema, dentro del marco democrático actual, debe ser resuelto mediante el debate, la transparencia, la negociación, el compromiso y la aprobación de la mayoría. Sin embargo, el proceso de selección entre un gran número de sitios posibles y hacer predicciones sobre los cambios que motivarán la instalación es demasiado complejo y trabajoso para hacer el análisis completo dentro del ámbito político. Es aquí donde la política (de desarrollo y de negociación) debe apoyarse en los estamentos técnicos que deberán ir filtrando, comparando y seleccionando los diversos emplazamientos propuestos para dejar, sobre base razonada, los fundamentos de las decisiones.
Conceptualmente, el problema es sencillo y directo: hay que asegurarse, de la manera más certera posible, que las características ambientales del sitio no impliquen un riesgo injustificado a la central. De manera equivalente, se debe asegurar que las características de la instalación no vayan a influir negativamente sobre el sitio y sus alrededores.
Si el planteo es simple, de manera operativa el tema se vuelve mucho más complejo, porque asegurar la ocurrencia (o no) “de la manera más certera posible” de algún evento que ocurre una vez cada diez mil años, es un poco jugado, estadísticamente hablando. Como menciona Nassim Taleb en El Cisne Negro, nuestro cerebro no está preparado para comprender eventos que combinan rareza, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva (aunque no prospectiva). No solamente se deben estudiar esas características en un momento determinado, sino que, como mencionan las recomendaciones internacionales sobre el tema, se deben hacer “a lo largo de toda la vida útil de la instalación”, buscando inferir proyecciones en el tiempo sobre las variables en cuestión.
Otro tema que aporta más variables es la ponderación de los diversos elementos que se valoran para determinar la aceptabilidad de un sitio. ¿Qué pesa más a la hora de definir el sitio, la cota del terreno, la posibilidad de sismos de determinada magnitud, o la presencia de vías aéreas sobre este? Comparar peras con manzanas. No se puede, pero hay que hacerlo. Y es aquí donde entra el carácter eminentemente político del asunto, porque lo central en esta discusión es qué nivel de importancia la sociedad le asigna a las diversas características, cuestión completamente subjetiva. Para la resolución del problema, es esencial que se entienda que lo importante no es el valor que asume la variable en sí, sino el que le asigna la sociedad. Para ejemplificar mejor, se podría argumentar que usando un criterio objetivo como puede ser un costo monetario, la elección que se realiza será objetiva. Pero no es el nivel del costo sobre el cual se basa la decisión, sino la elección de ese criterio, y en definitiva su selección fue realizada de manera subjetiva.
También hay que tener en cuenta la evolución social de los últimos 60 años, donde el concepto de “desarrollo a cualquier costo” es inaplicable hoy en día; porque “hasta para hacer un paso vial bajo nivel los vecinos se quejan”. En efecto, el posible rechazo a nuevas instalaciones de infraestructura está enmarcado, según la literatura especializada, en el concepto NIMBY (Not In My Back Yard – No en mi patio trasero), un movimiento caracterizado por algunos como el extremo al individualismo y free-riding que recorre nuestros tiempos. El tema es mucho más complejo, claro está, pero en el núcleo permanece una visión crítica al modelo actual de desarrollo pero manteniendo el estándar actual de vida, incoherencia grande si las hay.
Claramente las estrategias pasadas para llevar adelante los procesos de localización se darían de bruces en el suelo hoy en día. Allá por los años ’60 se pensaba que Lima se convertiría en un polo de desarrollo de la región norte de la provincia de Buenos Aires, 51 años han pasado desde que comenzó el “Estudio de preinversión para una Central Nuclear para la zona del Gran Buenos Aires – Litoral” que definió el sitio de Atucha I, base de todos los modelos de selección de emplazamientos en Argentina, y poco ha cambiado la estructura económico-productiva de Lima.
Distinto sería si estuviésemos hablando del desarrollo de un nuevo centro atómico en cualquier lugar del país basado, por ejemplo, en el reactor multipropósito RA-10. En este caso sí abonaríamos la idea del progreso tecnológico como fundamento para avalar las vinculaciones con el desarrollo local de la instalación, pero con una central nuclear el caso es distinto. Efectivamente, está predicho que el efecto NIMBY será más poderoso cuando los beneficios de la instalación sean para otros (en el caso de la electricidad va de suyo) y los riesgos quedan en el lugar. Esto lleva a pensar mecanismos para que algún tipo de beneficio se localice.
Respecto de esto nos remitimos a algunos países que supieron encontrarle la vuelta, en entornos democráticos, a este problema. El primero al que nos referiremos es El Cabril, un repositorio de residuos nucleares de baja y media actividad, una instalación muchísimo más compleja para “vender” que una central nuclear.
Respecto de los residuos radiactivos, la actitud de la sociedad, en la mayoría de los casos, es claramente negativa y, frecuentemente, se manifiesta en forma de hostilidad abierta, encabezada por los representantes locales, respaldada, al menos moralmente, por el sentimiento colectivo (por eso no es raro encontrar en algún municipio de Corrientes, una declaración en contra del repositorio de Gastre, aunque esa es otra historia). Desde ENRESA, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que llevó adelante el proyecto de la instalación en España se adoptó un enfoque de apertura, compartiendo la necesidad de soluciones con los actores locales, abriendo los procesos de decisión y negociando la toma de decisiones. Compartir – Abrir – Negociar, en un claro contraste con las viejas premisas tecnocráticas de Decidir – Anunciar – Defender la decisión ya tomada.
El segundo caso, ya mencionado en artículos previos (“A un año del comienzo de las obras de CAREM”. U-238 #16, Marzo-Abril de 2015), es el de Finlandia con su enfoque particular: el modelo de negocio “mankala”. Una mankala es una empresa de responsabilidad limitada que funciona básicamente como una cooperativa y tiene por objetivo la producción de energía económica para sus propietarios, donde cada uno tiene una participación proporcional en la energía de acuerdo a su participación en la cooperativa. Esto les permite obtener energía barata, segura y confiable y pueden usarla o venderla, de acuerdo con el objetivo de cada participante. Este modelo fue creado hace décadas, cuando las empresas forestales finlandesas (altamente energético-intensivas) se unieron para desarrollar fuentes de energía, convirtiéndose en la opción por defecto en el sector eléctrico finlandés. En las cooperativas se encuentra de todo, desde grandes empresas hasta pequeños municipios.
Si bien el modelo no es del todo aplicable en nuestro país, sí en cambio lo es la apertura a locales, como podría ser EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), en la participación accionaria en la unidad de negocios local, como podría ser la Central Nuclear Embalse, ganando un apoyo local que muchas veces es esquivo. De esta forma se integra, se estrechan lazos con las provincias. Esta estrategia sería similar a la realizada en forma compulsiva por la ley Nº 27.190 de energías renovables donde, en su artículo 9, exige a todos los grandes usuarios a que cumplan, de manera efectiva e individual, con el porcentaje de abastecimiento de renovables previsto por ley (20% al 2025).
Sin entrar en los recovecos jurídicos del asunto, lo importante del caso finlandés es que, al ser empresas sin la finalidad de generar ganancias, con socios diversos, la búsqueda de consensos para la toma de decisiones es una tarea del día a día, lo que genera esas decisiones robustas que son respaldadas por todo la mayoría de los actores sociales.
En nuestro país, esto puede sonar muy lejano, ya que este tipo de pensamiento todavía está en estado germinal. Sobradas son las muestras de falta de ventajas locales, donde los habitantes cercanos a Yacyretá, por poner un ejemplo, no poseen el beneficio de poder contar con tarifas más baratas de electricidad y la pagan más caro que en Buenos Aires así no hay desarrollo local que se sustente. La posibilidad de ofrecer bonificaciones tarifarias en relación con los costes de electricidad más reducidos podría entrar en la cartera de opciones al momento de planificar la localización de la instalación.
Pero si no fuese posible interesar a los pueblos a través de la participación accionaria o de tarifas más económicas, quizás pueda serlo con otros beneficios, de naturaleza mucho más local y tangible que la sola producción de electricidad, que por su carácter etéreo, una vez que se sube a la red de alta tensión ya no se sabe adónde va. Esto depende de las condiciones locales del lugar del emplazamiento, pero, por ejemplo, la costa atlántica patagónica, que va desde Viedma hasta Ushuaia, tiene las condiciones climáticas y requerimientos de agua potable donde se podría agregar, a la central nuclear a instalar, desalinización de agua potable en conjunto con el aprovechamiento de calor para lo que se denomina “district heating”, la calefacción urbana. Estos subproductos de una central nuclear podrían tener más valor aún que la propia electricidad, y serían de apropiación exclusivamente local, ya que tanto el calor residual como el agua desalinizada no son factibles de ser transportados largas distancias.
Buscar estrategias que signifiquen la apropiación por parte de la comunidad local, aunque más no sea a nivel provincial, es solamente una parte, es decir, los incentivos que se dará a la región que alojará la instalación. Estos mecanismos deben estar bien definidos a priori para que se sepa cuál es la política nacional al respecto y qué se puede esperar de la instalación. Otra parte igual, o más importante, es el proceso para estudiar, seleccionar y evaluar los posibles sitios candidatos. Es preciso generar instancias de apertura del proceso, compartiendo las necesidades y preferencias técnicas para poder dar lugar a la tan mentada participación social, y hay que estar preparado para escuchar cosas que seguramente no serán agradables para los que defendemos esta actividad.
A modo de cierre, podemos afirmar que es una problemática compleja y que solucionarla, descontando que está en el ánimo de la dirigencia argentina hacerlo, llevará años. La localización de centrales nucleares requiere una gran dosis de pragmatismo, un nivel de transparencia inusitado para nuestros estándares institucionales, coherencia temporal y espacial y una gran dosis de heterodoxia organizacional.
