Por Sebastián Scigliano. En U-238 # 21 Abril – Mayo 2016
A 40 años del último golpe cívico militar, todavía resuenan en la Comisión Nacional de Energía Atómica los ecos de la intervención castrense: secuestrados, desaparecidos, despedidos y el naufragio de una política científica tan errática como peligrosa.
Acaban de cumplirse 40 años del último y más sangriento golpe cívico militar de nuestro país. El 24 de marzo de 1976, como tantas otras veces durante el siglo pasado, las fuerzas armadas, en contubernio con sectores políticos y empresarios se dieron a sí mismas la misión de conducir los destinos de la patria a la que, según su propia megalomanía, preceden. Como el resto de las veces, esa irrupción militar en la vida institucional argentina no fue más que para o bien arrancar de cuajo proyectos políticos populares o bien consolidar a sangre y fuego los intereses de sus oscuros mandantes. Pero la dictadura cívico militar que se inauguró aquel 24 de marzo, como se sabe, no fue una más.
Miles de muertos y desaparecidos, campos de concentración en todo el territorio nacional, un clima extendido de terror y sospecha y, como corolario y motivo principal al mismo tiempo, la “miseria planificada para millones de argentinos”, como denunciara a sólo un año de aquel “infausto gobierno” el periodista Rodolfo Walsh en su célebre Carta Abierta a la Junta Militar.
Y en el fárrago de aquella noche negra, nada ni nadie se salvó. Tampoco la institución madre de la política atómica argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica que, tanto por su marca de origen ligada al desarrollo nacional autónomo, como por su eventual importancia estratégica para un proyecto político de corte militarista iba a convertirse en botín más que apetecible para las bestias.
El saldo más trágico, claro, los muertos, desaparecidos, secuestrados, torturados o cesanteados durante la etapa. Durante la dictadura, hubo en la CNEA 25 secuestrados, 15 de los cuales continúan desaparecidos. Además, fueron secuestrados 3 ex alumnos del Instituto Balseiro, de Bariloche, que también continúan desaparecidos hasta hoy. Pero además de los secuestrados y desaparecidos, el saldo que se cobró el terror también incluyó despidos y cesantías. Hubo durante toda la etapa de la dictadura 107 prescindidos y 120 cesanteados. Por el clima de terror imperante, también la CNEA sufrió la sangría de muchos profesionales que prefirieron alejarse de la institución: ente 1976 y 1978 renunciaron 370 personas. Los datos provienen del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Personal de CNEA, que se constituyó a fines de 1983 con una amplia representación de los gremios Asociación Trabajadores del estado (ATE), Sindicato de Energía Atómica (SEA) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Asociación de Profesionales de la CNEA, y de la Asociación de Técnicos de la CNEA, y también de la Asociación Física Argentina, la AFA.
La comisión se ha encargado, en el último tiempo, de la reconstrucción de aquellos acontecimientos tanto como de promover políticas de reparación histórica en relación tanto con las víctimas como con la institución. Muestra de ello son la digitalización de toda la documentación reunida a lo largo de todos los años de trabajo del colectivo, lo que permitió darle mayor visibilidad al tema, por ejemplo, en el sitio web de la CNEA. La tarea se realizó en colaboración con el Archivo Nacional de la Memoria. La comisión también ha colaborado con la justicia aportando los datos de los desaparecidos y secuestrados de la institución.
Botín de guerra
“El golpe de estado de 1976 generó una discontinuidad del orden democrático y repercutió en el funcionamiento de instituciones científicas y técnicas de la Argentina. En particular, en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la preparación de la irrupción de nuevas autoridades y sus objetivos, comenzó con el Operativo ACNE en octubre de 1975, siendo ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976 con la designación del Vice Almirante Carlos Castro Madero como Delegado de la Junta Militar en la CNEA y su posterior designación, algunos meses después, como Presidente del Directorio”, comienza diciendo el Licenciado en Física Enrique Pasqualini, uno de los fundadores de la comisión de derechos humanos de CNEA, en un trabajo sobre esos años de la institución.
La mirada de la dictadura sobre la política atómica argentina fue, ciertamente, ambivalente. Si, por un lado, la tradición de apuntalar el desarrollo local de tecnología de punta que siempre tuvo la CNEA se daba de bruces con la tendencia aperturista y extranjerizante de la política económica de los uniformados, también es cierto que, en plena guerra fría, el eventual desarrollo de armamento nuclear le agregaba un interés al nivel alcanzado por Argentina en el campo nuclear inestimado hasta entonces. “Sin temor a equivocaciones se puede afirmar que la CNEA siguió teniendo, como lo tuvo continuamente desde su creación en 1950, el apoyo gubernamental, significando que esta actividad estratégica continuaría manejando se como parte de una Política de Estado. Esto se vio reflejado, entre otras motivaciones, en la altísima disponibilidad de dinero anual que llegó a superar el 2% del Producto Bruto Interno”, sostiene Pasqualini.
En efecto, la designación del Vicealmirante Castro Madero al frente de CNEA —como interventor militar primero y como presidente del directorio después— habla de ese doble carácter: directo colaborador de Jorfe Rafael Videla —un “videlista”, según quienes lo conocieron en aquella época—, también era un especialista en desarrollos nucleares y un “enamorado de la CNEA”. Según recuerda el propio Pasqualini, “La gestión de Castro Madero avanzó en proyectos y necesidades que ya venían siendo planteados o encarados con anterioridad, como la terminación de la Central Nuclear de Embalse, la fábrica de Combustibles Nucleares y la conformación de la empresa INVAP. Desde el punto de vista de la formación de recursos humanos, comenzó la carrera de Ingeniería Nuclear y se finalizó el Reactor RA-6 en el Centro Atómico Bariloche. También comenzó la construcción del acelerador de iones pesados TANDAR”.
No obstante ello, el propio carácter de la gestión militar al frente de CNEA hizo que, en esa aparente dualidad de interés y represión, la balanza terminara por inclinarse sobre el segundo de sus términos: “Durante los primeros años de la gestión de Castro Madero en la CNEA se secuestraron 10 personas, que fueron liberadas después de varios meses de detención, y hay 15 detenidos-desaparecidos que trabajaban en la Institución”, destaca Pasquelini. “En todo su período se prescindieron y cesantearon a 107 y 120 trabajadores, respectivamente. Renunciaron 370 personas, mayoritariamente debido a la persecución imperante en esa época. Por otro lado, se incorporaron cientos de contratados, previamente supervisados por la Secretaría de Inteligencia del Estado, y controlados internamente, como el resto del personal, a través de la elaboración de legajos paralelos, con información gremial, ideológica y política suministrada por elementos de inteligencia interna. Muchas de estas incorporaciones estaban relacionadas con las obras que se estaban realizando y también para cubrir tareas de investigación y desarrollo. En una Institución donde es imprescindible la participación de profesionales y técnicos en la discusión y determinación de sus metas y métodos de trabajo, se implantó un sistema opresivo y represivo al conjunto del personal que tuvo como finalidad y consecuencia no permitir que ni siquiera se cuestionaran decisiones técnicas. Esto no podía ser de otro modo dadas las características del gobierno dictatorial y sus beneficiarios”.
Al mismo tiempo, el proceso operó un cambio en la orientación de la política nuclear argentina y apuntó al desarrollo secreto de eventual material bélico, lo que transformó radicalmente el camino de la investigación para fines pacíficos que siempre tuvo. Por otro lado, el choque entre la tendencia general a la apertura económica y la tradición de desarrollo nacional, característica de la política nuclear local, también produjeron consecuencias. Según Pasqualini, las políticas contrarias al fortalecimiento nacional del sector industrial, y que continuaron con posterioridad al período durante más de 20 años, estaban “enfrentadas al desarrollo de proveedores nacionales y de transferencia de tecnología que se venían impulsando en la CNEA desde su creación. En este contexto nacional e internacional es difícil entender la firma del decreto (302/79) por el cual se construirían cuatro centrales nucleares antes del fin del milenio”.
“Las grandes iniciativas fracasadas marcan una ruptura con las tareas estratégicas planificadas que desarrolló la CNEA durante 25 años, en un marco internacional que comenzaba a ser desfavorable y una industria nacional en retroceso, dejándose de lado capacidades adquiridas, objetivos de participación nacional y compromisos previos de usos pacíficos de la energía nuclear, tiñendo fuertemente el accionar posterior a 1983”, concluye el investigador.
