Por Gustavo Barbarán. En U-238 # 25 Enero – Febrero 17
A diez años de haberse iniciado Plan Argentino de Renovación Nuclear —cuyo objetivo principal fue reactivar el sector y plantear su estrategia general— es imprescindible implementar acciones tendientes a sostener dicha estrategia. Una de ellas es la de la minería de uranio: una actividad tan fundamental como sensible a la sociedad que necesita de un cambio de paradigma y del compromiso científico y tecnológico para poder implementarse exitosamente.
En el año 2017 se cumplirán 20 años del cierre (¿transitorio?) de la mina de Sierra Pintada, justificada como económica en el contexto neoliberal de los 90. Los países del desmembrado bloque soviético inundaron el mercado mundial de uranio, y la primera guerra de Irak también hizo lo suyo abaratando el precio de los commodities y materias primas. Comparando kilo versus kilo, era más barato importar uranio que producirlo localmente. Además del contexto económico, la actividad nuclear estaba en baja, en retirada de la escena pública y de las prioridades del Estado. Para dar una idea del espíritu de la época, la ley de la actividad nuclear promueve la privatización de todas las actividades productivas y el Banco Mundial decide financiar el PRAMU (Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), un proyecto dedicado a asegurar el cierre de todas las minas de uranio.
Dos décadas más tarde, el sector nuclear sigue sin encontrarle el agujero al mate, pues aún no se logró volver a producir uranio en nuestro país. No es que sea económicamente significativo, pero es el ejemplo claro de incapacidades propias y restricciones ajenas. Cuando Argentina desarrolló la minería de uranio, no existían ni remotamente cerca los conceptos actuales sobre la minería ni toda la problemática político social que la rodea. Si el objetivo es reactivar la producción de uranio, se deben trabajar con nuevos paradigmas que, evidentemente, no están pudiendo ser encontrados.
Poniendo en contexto la importación de uranio
Si algo está haciendo con ímpetu el gobierno actual es darle un fuerte impulso a las energías renovables. Los beneficios inmediatos para nuestra matriz eléctrica son claros e inmediatos; hasta los 3000 MW de potencia instalada eólica y solar, todo es ganancia. En ese marco se lanzaron las rondas de licitación RenovAr 1 y 1.5; más de 1600 MW con casi USD 4500 millones en inversiones para los próximos tres años. Las ofertas conseguidas, expresadas en un contrato a veinte años de compra de energía eléctrica, llegaron a precios tan bajos como 48 USD/MWh.
Claramente el objetivo del gobierno es buscar menores precios. La racionalidad de esta decisión reside en la necesidad de disminuir los consumos de líquidos (gasoil, fueloil) en centrales térmicas, lo más caro en nuestra generación. Esta decisión provocó las críticas de algunos sectores que visualizan las energías renovables como un motor de desarrollo de la industria local.
En un intento de explicación de las ventajas del desarrollo industrial por sobre los bajos costos, el secretario de Energía y Minería de la provincia de Mendoza, Emilio Guiñazú, elaboró un didáctico video para explicar los beneficios de producir los equipos en el país. En el largo plazo, la producción local de equipamiento no solamente es menos onerosa que la importación de equipos, sino que se favorece la creación de capacidades y empleo.
Esta forma de razonar puede ser aplicada perfectamente a la comparativa entre producción de uranio nacional e importaciones. Utilizando los mismos supuestos y realizando cálculos similares, llegamos a la conclusión de que los beneficios para la economía nacional de extraer el uranio nacional superan a la importación, aun cuando el precio del primero pueda superar en un 60% al segundo, kilo por kilo.
Se podría pensar que ese sobrecosto puede llegar a ser prohibitivo en la generación de electricidad, pero por el contrario, a diferencia de los combustibles fósiles que se queman con un mínimo de procesamiento, el yellow cake no entra directamente a un reactor. Para poder utilizar el uranio en una central nucleoeléctrica, debe ser procesado y transformado en lo que se denomina un “combustible nuclear”. El precio por kilogramo de un combustible nuclear supera en más de un 600% al precio del yellow cake, el producto que sale de la mina. Es decir que, aun duplicando el precio de la materia prima, el sobrecosto en el combustible nuclear no alcanzaría el 15%.
Abonando a la teoría de la nimiedad económica, también podríamos mencionar que un MWh nuclear es, en términos de costos de combustible, entre tres (Atucha 1) y seis (Embalse) veces más barato que un MWh generado en un ciclo combinado usando gas natural, el más económico, por lejos, de los combustibles fósiles.
En suma, existen sobrados elementos económicos para justificar la extracción de uranio en nuestro país en lugar de importarlo. La cuestión es cómo se justifica el “sobrecosto local” (dado que siempre habrá un lúcido que esté comparando esos números). ¿Es debido a diferencias geológicas de nuestras rocas, al famoso “costo argentino”, o a nuestras propias ineficiencias? El sector nuclear argentino podría llegar a justificar las dos primeras, ya que hacen a un cuestiones naturales (la geología) y estructurales del país, pero la tercera es la que debe ser sometida a discusión, para acotarla y reducirla al mínimo. Veinte años lleva cerrada San Rafael, pero ya llevamos diez de reactivación de la actividad nuclear.
En este punto hay que resaltar que la minería del uranio fue una de las actividades más castigadas durante el parate nuclear, con lo cual, la reactivación fue más compleja, en un contexto nacional complicado en las cuestiones mineras, y sumado a una serie de decisiones que, por acción u omisión, derivaron en la imposibilidad de llegar a tener una mina en producción en este plazo.
La minería frente a un nuevo contexto
Un viejo refrán reza así; “Pongan el carro en movimiento, que los melones se acomodan solos”, indicando que no tiene mucho sentido detenerse en detalles cuando lo que hay que hacer es activar el objetivo primordial. Este fue el concepto que primó en la reactivación nuclear; activar las grandes líneas y dejar que en la propia actividad los detalles se resuelvan. Claramente fue positivo, ya que los principales proyectos traccionaron gran parte del resto de la actividad, acomodándolos y dándoles un objetivo común. Atucha II, el CAREM, enriquecimiento, entre los principales, fueron todos grandes proyectos impulsores de la actividad en ese período.
La reactivación de la actividad nuclear ocurrió en un nuevo contexto. En el año 1994 se modificó la Constitución Nacional, dándole más poder a las provincias en la definición sobre el uso de sus recursos naturales. En el mismo año, el decreto 1540 dividió al entonces monolítico sector nuclear en tres instituciones. A partir de ahí, la constelación de instituciones y división territorial hizo que la actividad de coordinación política fuese mucho más relevante que en el período anterior. Además de poner el carro en movimiento, había que ocuparse de algunos detalles para que los melones lleguen a su destino final.
La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene (tenía) el monopolio de prácticamente todas las actividades relacionadas con la actividad nuclear. En los inicios de la actividad, esto supuso una gran ventaja al momento de definir políticas, de coordinar un sector, de dar una dirección para un país sin capacidad industrial, donde el principal objetivo de la actividad, como la definió Jorge Sabato, es el apoyo al desarrollo industrial. En lo que respecta a la minería del uranio, esos conceptos vienen de más atrás todavía, desde los decretos del General Savio que dictaban el carácter estratégico del mineral de uranio, corrían entonces la segunda parte de la década del ’40, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial y todo lo relacionado con el uranio era de “alto interés estratégico”.
Volviendo al año 2016, nos encontramos que el uranio es un commodity a nivel mundial, con un interesante mercado internacional donde los principales productores (Kazajistán, Australia, Canadá, Congo) están separados de los consumidores. Asegurar el uranio para los reactores no implica otra cosa que hacer un buen contrato, someterlo a las salvaguardias adecuadas, firmar todos los acuerdos internacionales que garanticen un uso pacífico…, y pagar.
Entonces… ¿Cuál sería el objetivo de volver a colocar al uranio en la categoría de mineral estratégico como hace setenta años? Las razones que justificaban la categorización del mineral como estratégico parecen no aplicarse al contexto actual, máxime pensando que CNEA, el sector nuclear argentino, tiene la primera opción de compra del mineral extraído, el poder de decisión sobre la exportación, y la posibilidad de hacer prospección, exploración y explotación de minerales nucleares del sector nuclear. Pensar que el cambio de categorización es la llave que destrabará la actividad es como ponerse a acomodar los melones en el carro puesto delante de los caballos.
La macro y la micro (estrategia)
En este artículo nos centramos en la posible puesta en producción de algún yacimiento de uranio propiedad de CNEA. En el caso de yacimientos de terceros, esas decisiones quedan estrictamente dentro del ámbito privado, sosteniendo que de igual forma sería beneficioso para el país tener producción local. Teniendo en cuenta la circunscripción de nuestra opinión, se deberían repasar las estrategias para la puesta en producción mencionada, por eso hablamos de la macro y la micro-estrategia.
El complejo accionar de las organizaciones debe encontrar el delicado balance entre el largo y el corto plazo; los objetivos y las estrategias. Mientras que los primeros suelen ser los motivadores del trabajo, los segundos buscan la mejor manera de llegar a los objetivos. Cualquier meta propuesta puede quedar como una mera declaración de intenciones si no se definen las acciones para alcanzarla. La macroestrategia es la que define cómo se relaciona el Sistema Nuclear Argentino, sus alianzas, sus relaciones. Uno puede no estar de acuerdo en cómo se están desarrollando los acuerdos con China, pero no puede negar que detrás de ello hay una estrategia que maximizará la producción de energía con una mínima erogación de capital inicial por el Estado Nacional. En cambio, con la producción de uranio, poco se discutió acerca de la forma en que se debe realizar.
En este punto, existen varias alternativas viables. La creación de una empresa específica; la explotación de los yacimientos por parte de alguna empresa existente, como Dioxitek; la conformación de UTE’s con empresas extranjeras o locales; la participación de gobiernos locales; la tercerización de la producción; o la producción por administración. Posibilidades hay varias, pero o no se discutieron, o dichas discusiones no trascendieron, lo que es casi lo mismo en términos de estrategias y de la conformación de una idea común.
En el año 1958 el entonces presidente electo, Arturo Frondizi, ante la evidencia de que el 50% de las importaciones nacionales correspondían al petróleo y de la imposibilidad de YPF de duplicar su producción, lanzó la batalla del petróleo. La invitación al capital privado a firmar acuerdos de exploración, producción y servicios múltiples para poner en valor al petróleo nacional fue un éxito rotundo; en cuatro años las importaciones de petróleo se convirtieron en marginales.
Una teoría de las organizaciones dice que las más exitosas son las que realizan una mejor lectura de los tiempos y su entorno, para, a partir de allí, acomodarse a ellos mismos. El contexto condiciona la organización, la moldea, la constriñe, pero al mismo tiempo le da elementos y una base para actuar. Si la organización no realiza una buena lectura, entra en un cono de incertidumbres, donde decisiones que otrora eran viables ahora encuentran rechazo, o lo que es peor, la intrascendencia.
La microestrategia estudia cómo se ajusta internamente la organización para la búsqueda de los objetivos declarados. Algo que parece trivial, pero que demanda cierto análisis crítico. Aunque en una organización todo es mucho más complejo, los extremos de organización funcional y organización por productos (o por proyectos) sirven para establecer algunos lineamientos básicos. La organización establece cuáles serán los incentivos que se otorgarán para alcanzar los objetivos, y la importancia relativa que tienen la dará la estructura que acompañe. Aunque sobredimensionada, la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares que dejó NA-SA cuando finalizó la CN Atucha II y que pretendía ser la ejecutora de las futuras centrales nucleares es un claro ejemplo, su reducción a una oficina de seguimiento del proyecto de cuarta central, otro. Las gerencias de CAREM y RA-10, dos grandes proyectos de CNEA cuyas estructuras están directamente armadas para la concreción de los proyectos son ejemplos también. Ese tipo de estructuraciones cumplen un doble rol, hacia adentro, marcando las líneas y los roles, hacia afuera, comunicando prioridades. La alineación de incentivos para la puesta en producción de algún yacimiento es clave.
La minería es socialmente sensible, esto lo sabemos desde hace tiempo, pero más aún desde el año 2003 cuando el pueblo de Esquel, a través de una consulta popular, detuvo un proyecto minero. Su ejemplo se expandió como un reguero de pólvora por toda la zona cordillerana. Provincias con alto potencial minero se declararon en contra de la minería, llegando a la incongruente paradoja de que algunas son las principales productoras de hidrocarburos, como si esa no fuese una actividad minera, a fin de cuentas. Está claro que para poder llegar a concretar algún proyecto hacen falta socios locales, tanto para la promoción de los proyectos (industrias, municipios, gobiernos) como para su control (universidades, organismos de control, grupos locales).
El estilo CNEA, del cual abreva todo el sector nuclear, implica a nivel nacional el uso de la ciencia y tecnología nuclear para desarrollar valor agregado. En sus fases de exploración y producción, la minería forma parte de los fundamentos de la actividad nuclear. No se trata de una variable en una ecuación económica, sino de generar riqueza a través de la industrialización de un recurso, en una actividad básica para el desarrollo humano como lo es la minería.
