Cuba: Entrarán en vigor dos nuevas convenciones sobre seguridad nuclear

Cuba depositó ante el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el Instrumento de ratificación de la Convención de Seguridad Nuclear (CNS) y el de adhesión a la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos (Convención Conjunta). De esta manera, la isla se convierte en la Parte Contratante número 82 de la CSN y el número 76 de la Convención Conjunta.

Ambas Convenciones, en vigor para Cuba a partir del 1° de octubre, integran el grupo de instrumentos jurídicos internacionales sobre Seguridad Nuclear adoptados bajo los auspicios del OIEA, junto a las dos convenciones sobre emergencias: la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica y la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, de las que Cuba es Estado Parte desde el 8 de enero de 1991.

La Convención de Seguridad Nuclear fue adoptada en Viena el 17 de junio de 1994 con el objetivo de conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo y entró en vigor el 24 de octubre de 1996. Cuba firmó la CSN el 20 de septiembre de 1994 y ahora se suma a las 81 Partes Contratantes.

Esta Convención se basa en el interés común de las Partes para lograr niveles más altos de seguridad, que se desarrollan y promueven mediante reuniones periódicas en la que las Partes están obligadas a presentar informes sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Los informes nacionales de los países son examinados por las Partes Contratantes, que pueden presentar preguntas y observaciones por escrito. Este mecanismo, denominado “revisión por homólogos o pares”, es el principal elemento innovador y dinámico de la Convención de Seguridad Nuclear.

En tanto, la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de los Desechos Radiactivos fue adoptada en Viena el 5 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 18 de junio de 2001. Es el primer instrumento jurídico vinculante que aborda la cuestión de la seguridad de la gestión del combustible gastado y los desechos radiactivos a escala mundial, mediante un proceso similar de revisión al de la Convención sobre Seguridad Nuclear.