El ente regulador nuclear español multó a Nuclenor, la operadora de la central nuclear Garoña, con una suma de 18,4 millones de euros (24,9 millones de dólares) por haber cerrado la planta seis meses antes de la fecha autorizada. Por su parte, la compañía decidió apelar la multa.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace un año atrás inició una investigación sobre el cierre de la planta, alegó que no había razones técnicas o de seguridad para que Garoña dejara de funcionar antes de la fecha establecida.
Por ello, el organismo español ha determinado que Nuclenor cometió «una gravísima violación» de las leyes del país que regulan el sector eléctrico mediante la reducción de la capacidad de producción o suministro de electricidad sin permiso. En consecuencia, le ha impuesto una multa a la operadora.
Ante esta situación, Nuclenor presentará un recurso contra la multa ante la Corte Suprema. La compañía dice que el cierre temprano de Garoña se debió a “circunstancias imprevistas” y que la decisión no requería una autorización especial para su acción.
Asimismo, argumentó que el cierre anticipado de Garoña fue «una decisión responsable, y la única solución viable a la situación de insolvencia creada por la aprobación de la ley de medidas fiscales para la energía sostenible.»
Por otra parte, en el mes de mayo la empresa Nuclenor presentó una solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para una nueva licencia para operar la central hasta el 2031. La decisión sobre la expedición de esa licencia aún no se ha emitido.
